Eduardo Medrano
Lord Byron
VÍA DE SERVICIO
La investigación sobre la -o las- causas de la tragedia ferroviaria de Ademuz va a llevar un tiempo impreciso pese a las demandas cada vez más potentes de que se conozcan cuanto antes los motivos que llevaron al descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Son lógicas las prisas en conocerlas pese a la evidencia de que estas investigaciones no son fáciles y son muchos los factores a analizar para no equivocarse en el diagnóstico.
La urgencia está justificada tanto para satisfacer a las víctimas y sus familiares como por las necesidades de los operadores ferroviarios y los actores políticos. Los primeros, para iniciar su duelo con el convencimiento de que el suceso no ha sido fruto del mal funcionamiento de un servicio; los segundos, para determinar donde se ha producido el fallo que ha motivado la tragedia, y los terceros porque no son capaces de aguantar mucho tiempo sin que el siniestro pase a la primera línea de la batalla política.
Cada día aparecen nuevas hipótesis sobre las causas del accidente, porque la investigación se encuentra en una fase muy inicial y pese a todo se ha logrado mantener la imagen de una colaboración precisa entre las distintas Administraciones el Estado que ponen de manifiesto la voluntad de evitar los errores cometidos en otros sucesos recientes.
Para obtener un panorama completo es preciso que las empresas ferroviarias y las que realizaron la obras en la zona aporten toda su colaboración.
El compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que se va a conocer toda la verdad sobre la tragedia, y es preciso que sea con transparencia y evitando cualquier tentación de ocultar o enmascarar la realidad. El tiempo dirá como ha sucedido la gestión de la investigación. Cuando corresponda, no de forma preventiva como ha hecho Vox
Otro motivo por el que es necesario actuar sin prisas, pero sin pausas es que comienzan a aparecer datos, actitudes, de que la normalidad impuesta por el dolor se puede romper en cualquier momento, con las incidencias apuntadas por los maquinistas de los trenes de alta velocidad en esa zona, a pesar de que ADIF ha desvinculado ese hecho del accidente y de que por esa vía han pasado antes del sucesos muchos trenes en los momentos previos al descarrilamiento, por las declaraciones de usuarios que se quejaban de las vibraciones en esa zona, con la aparición de las primeras críticas sobre la hipotética parcialidad de la Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios, o las insinuaciones sobre el déficit de inversiones, a pesar de que la vía del accidente había sido remozada recientemente. Para obtener un panorama completo es preciso que las empresas ferroviarias y las que realizaron la obras en la zona aporten toda su colaboración.
Cuando ocurre un accidente de estas características la vista se vuelve hacia las labores de mantenimiento, consideradas siempre insuficientes a pesar de su crecimiento en los dos últimos años y terreno abonado para la lucha política y la adjudicación -y el reparto- de responsabilidades, máxime cuando el ministro del ramo, Óscar Puente, es uno de los miembros del Gobierno más expuesto, por voluntad propia, al rifirrafe político.
En lo que no puede haber pausa es en la atención a las víctimas, no hacerlas pasar un viacrucis de procedimientos judiciales, de reclamaciones, para percibir las indemnizaciones a las que tengan derecho y para conocer el responsable último de un suceso que les ha trastocado la vida. Porque el descarrilamiento de Adamuz no puede ser una continuación del de Angrois.
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