Promesas y obligaciones

La política moderna ha encontrado una fórmula infalible para ganar aplausos sin asumir costes: prometer derechos sin mencionar obligaciones. Es una estrategia cómoda, rentable y profundamente irresponsable. Decirle al ciudadano que tiene derecho a todo y deberes casi ninguno garantiza votos hoy, aunque hipoteque la convivencia mañana.

Desde el Parlamento hasta los programas educativos, el discurso es unánime: más derechos, más protección, más garantías. Pero casi nunca se completa la frase. Porque todo derecho exige una contraprestación. Y todo sistema que olvida esa verdad básica acaba creando ciudadanos infantilizados, dependientes y permanentemente insatisfechos.

La política ha convertido los derechos en productos electorales. Derecho a no sentirse ofendido, derecho a no fracasar, derecho a ser protegido de cualquier incomodidad. Lo que no se vende igual de bien es la otra cara: deber de esforzarse, de cumplir normas, de aceptar consecuencias, de respetar al que piensa distinto. Eso no suma likes ni titulares.

El resultado es un ciudadano entrenado para reclamar al Estado lo que antes resolvía con responsabilidad personal. Si algo va mal, la culpa siempre es de otro: del sistema, del gobierno anterior, del profesor, del juez, de la sociedad. Nunca del individuo. Y ese relato no es casual: cuanto menos responsable se siente el ciudadano, más poder acumula el político.

Educar solo en derechos no empodera al ciudadano: lo convierte en cliente

Esta pedagogía política del derecho sin deber ha erosionado pilares básicos de la democracia liberal. La autoridad se presenta como sospechosa, la ley como opresiva y la norma como algo negociable según el estado de ánimo del momento. Se exige tolerancia infinita, pero no se practica la mínima disciplina cívica.

Hablar de obligaciones se ha convertido en tabú. Suena a pasado, a rigidez, a falta de empatía. Pero lo verdaderamente reaccionario es fingir que una sociedad puede sostenerse solo con exigencias al Estado y ninguna al ciudadano. No hay sanidad pública sin contribuyentes responsables. No hay educación de calidad sin esfuerzo. No hay libertades sin límites aceptados.

La paradoja es evidente: mientras más derechos se proclaman, menos se respetan. Porque sin deberes compartidos, los derechos compiten, chocan y se vacían de contenido. El político promete protección total, pero entrega frustración crónica. Promete dignidad, pero fomenta dependencia. Promete igualdad, pero fabrica agravios.

Educar solo en derechos no empodera al ciudadano: lo convierte en cliente. Y un cliente no participa, exige. No construye, consume. No asume errores, reclama compensaciones. Exactamente el tipo de ciudadano que encaja en una política sin responsabilidad.

Una democracia adulta necesita algo más que catálogos de derechos. Necesita ciudadanos capaces de asumir límites, errores y deberes. Y necesita políticos con el valor de decir una verdad incómoda: no todo lo que se desea es un derecho, y no todo derecho puede existir sin obligaciones.

Seguir ocultando esta realidad no es progresista ni compasivo. Es una estafa. Y como todas las estafas, puede funcionar un tiempo. Hasta que la factura llega.