Renovación en la Fiscalía

El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación “por revelación de secretos”. Dicha sentencia todavía no está escrita y la decisión de los jueces solo se ha divulgado “el sentido condenatorio”. El mencionado fallo se ha tomado por decisión no por unanimidad, sino por mayoría de cinco contra dos, quienes estuvieron en desacuerdo votando dos votos particulares.

Sánchez insiste con el exjefe de todo el Ministerio Fiscal y “lamento este fallo, lo respetamos y lo acatamos”. Dixit Pedro

No obstante, García Ortiz decidió ha comunicado mediante una carta a Félix Bolaños García actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde presentó su renuncia del cargo. En concreto, el ex fiscal general dice que “esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento”. Continuó explicando que es “un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española” y añadió “aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.

Fue una rápida decisión la adoptada por el ya ex García Ortiz, casi tanto la propuesta del Gobierno para nombrar a la sucesora, en concreto Teresa Peramato Martín, la nueva fiscal general del Estado, actual Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y también Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su perfil es una “fiscal progresista con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género”. El Ejecutivo ya buscaba “a alguien marcadamente progresista como respuesta a un fallo jurídico de un Tribunal Supremo con mayoría conservadora”. Y por ello, coincidiendo con la celebración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el Gobierno ha decidido que una de “las voces más autorizadas y representativas de la lucha contra la violencia machista llevará la toga y las riendas de la Fiscalía General del Estado”. Lo que significa que es “una pieza clave de la Unión Progresista de Fiscales”. A ver ahora lo que le espera a la nueva alta representante en manos de Pedro Sánchez, quien por cierto, sigue esperando que alguien le pida perdón al exfiscal.

Y por cierto, el jefe del Ejecutivo insiste en que García Ortiz es “el servidor público que hemos tenido; tiene mi respeto y consideración” y cree en su inocencia, por mucho que alegue el Tribunal Supremo y añadió que el fiscal “no era el origen de las supuestas filtraciones y que nada tiene que ver con ese delito”. Sánchez insiste con el exjefe de todo el Ministerio Fiscal y “lamento este fallo, lo respetamos y lo acatamos”. Dixit Pedro.