¿Que significa flexibilidad en reglas fiscales para Concellos?

La Diputación Provincial de Ourense es un claro ejemplo de eficiente gestión asumiendo cada vez más competencias. Contará en el ejercicio del 2026 con un presupuesto de 110,5 millones de euros, lo que representa un 5,11% de incremento. Dicho lo cual, la realidad es que las limitaciones financieras, la falta de infraestructura, el acceso digital limitado, la escasez de personal cualificado o la prestación de servicios sociales o de urgencias (como los incendios producidos en nuestra provincia este verano con registros históricos de superficie quemada), dificultan la aplicación eficaz de las prestaciones y competencias por parte de las administraciones locales, las cuales tienen escasos recursos para hacerles frente.

Y es que, para el uso de remanentes y la flexibilización de las reglas fiscales, ante situaciones de urgencia, es preciso que se dote a las entidades locales de la posibilidad de actuar decididamente en estos ámbitos mediante la flexibilización, -o suspensión- de las reglas fiscales para que las actuaciones a desarrollarse puedan hacerlo hasta en cuatro años y no computen a efectos de regla de gasto.Es decir, que los concellos pueden decidir con más libertad cómo invertir sus recursos y superávits, especialmente en situaciones excepcionales, o para fomentar la inversión local en servicios públicos e infraestructuras.

En concreto, la flexibilidad (o insisto, suspension o derogación) en las reglas fiscales, busca un equilibrio entre la sostenibilidad financiera a largo plazo y la capacidad de las administraciones locales para responder de manera efectiva a las demandas y desafíos inmediatos de los vecinos, permitiéndoles así una gestión más útil y adecuada. Y para que nos quede ya totalmente cristalino, que puedan invertir el superávit orzamentario en proyectos que mejoren el bienestar de todos y de todas, retornando al ciudadano y mejorando nuestra calidad de vida.

Mi primera pregunta sería, ¿y ahora quiénes recuperaran la credibilidad de las instituciones y de una clase política arrojada por unos cuantos al peor y más insalubre de los estercoleros?

Y quien tiene la protestad de que se relajen las normativas fiscales es el Gobierno de Pedro Sánchez, y ahí es donde comienza el problema y la inoperancia.

Un gobierno sanchista que atraviesa un tsunami de corrupción, brutal e insoportable! A España y los españoles ya no nos queda estómago para seguir absorbiendo tanta corrupción. Nuestro país jamás había vivido y sufrido en toda su etapa democrática un periodo tan convulso como el protagonizado por una corrupción galopante, constante, e incesante como en estos últimos años y con la pandemia como presunta herramienta de pelotazos injustificables y despreciables.

Mi primera pregunta sería, ¿y ahora quiénes recuperaran la credibilidad de las instituciones y de una clase política arrojada por unos cuantos al peor y más insalubre de los estercoleros? Difícil tarea que va a requerir mucho esfuerzo, rigor y atino por parte de aquellas formaciones políticas que pretendan gobernar.

En conclusión: mientras las administraciones locales y Diputaciones provinciales (que son siempre las más cercanas a los problemas reales de los vecinos) intentan mejorar la calidad de vida y los problemas de los ciudadanos, pues “los otros” que dicen ser “el Gobierno de España” pues a lo suyo, y está claro que lo “suyo” no es solucionar los problemas e intentar mejorar la calidad de vida de los españoles y españolas. En fin.