Sindicatos: los comisarios políticos del sanchismo

España asiste al estertor de una legislatura convertida en un esperpento político sin parangón en nuestra historia democrática reciente. Apenas veinticuatro horas después de anunciar una convocatoria electoral anticipada -en un intento exclusivamente para blindarse ante el desgaste insostenible y el colapso judicial-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a retratar su desprecio absoluto por los contrapesos constitucionales. El Ejecutivo resucita por la vía de urgencia los decretos de vivienda que el pleno del Congreso acababa de tumbar con rotundidad. Su objetivo: burlar a la soberanía nacional y aprobarlos a hurtadillas en la Diputación Permanente. No estamos ante un ejercicio de gestión pública, sino ante la huida hacia delante de un Gobierno atrincherado, un mercadeo diario donde la ley, el procedimiento parlamentario y la separación de poderes se pliegan por completo a la agenda de supervivencia de la Moncloa, sin más. Mientras, los jóvenes y las personas económicamente más vulnerables verán cómo la vivienda en alquiler desaparece totalmente del mercado dejándolo en una situación caótica.

Su única misión es movilizarse en la calle para hacer el trabajo sucio, apagar los incendios del Gobierno y blindar los sillones de quienes nos han conducido a la ruina económica y a la fractura social.

El panorama institucional que sufre la nación es ya de una degradación galopante y sin precedentes. Mientras el PP exige la imputación formal del propio PSOE por graves delitos -situando al partido que ocupa el poder en el ojo del huracán de una presunta corrupción sistémica que afecta a sus mismísimas estructuras-, España asume el insulto definitivo con el retorno de Carles Puigdemont. El prófugo de la Justicia vuelve a erigirse en el fiel de la balanza que dicta los tiempos, las exigencias y las humillaciones a las que se somete el Estado. Y es en este escenario de descomposición institucional donde los sindicatos UGT y CCOO han decidido quitarse la careta de forma definitiva y obscena. Lejos de cumplir con su mandato constitucional de defensa de los derechos laborales, los convenios colectivos o el poder adquisitivo de los trabajadores españoles, actúan ya sin el menor disimulo como meras secciones territoriales de la extrema izquierda gubernamental.

Anunciar una huelga general con un claro aroma a precampaña electoral partidista no es más que la constatación de un secuestro cívico: los sindicatos del régimen han abandonado a los obreros para convertirse en los comisarios políticos del sanchismo. Su única misión es movilizarse en la calle para hacer el trabajo sucio, apagar los incendios del Gobierno y blindar los sillones de quienes nos han conducido a la ruina económica y a la fractura social.

La democracia española se encuentra hoy bajo asedio por una pinza letal: de un lado, un Ejecutivo presuntamente dispuesto a dinamitar los pilares del Estado para mantenerse en el poder; del otro, unos satélites sociales y sindicales que movilizan la calle como si de un comité electoral se tratara. España no puede ni debe normalizar este régimen de excepción permanente donde la mentira es divisa oficial, la ley es opcional y las instituciones públicas son tratadas como un botín particular. El sanchismo agoniza, pero en su caída intenta arrastrar consigo la convivencia, la neutralidad y el prestigio de toda una nación que ya ha dicho basta. Sería un tremendo error político dar nada por ganado, eso lo certificarán las urnas el día 29 de noviembre, única y exclusivamente.