Los sintecho de Barajas

Los sintecho de Barajas son dignos de ser tratados con solidaridad. Pero, al igual que el resto de las personas deben cumplir normas y leyes.

Que las autoridades del gobierno central, el municipal y el autonómico se pasen la pelota unos a otros no es nada tranquilizador, porque se visualiza que el país no funciona. Todos exigen que los otros asuman sus responsabilidades, y se deja la casa sin barrer. Literalmente. La terminal que se publicitó como una obra arquitectónica sensacional, es hoy un lugar en el que malviven inmigrantes en situación irregular, personas que han sido tocados por la mala fortuna y han perdido empleo, familia y amigos, y también drogadictos y personas de mal vivir que se han asentado allí y se sacan unos euros con el trapicheo o la extorsión a los compañeros de desgracia, que pagan para no ser agredidos.

El encogimiento de hombros del gobierno central es inadmisible. Repiten que las competencias son de Ayuso y Almeida, pero cualquier gobierno decente, cuando algo no funciona, coge el timón para resolver los problemas, aunque no sea más que por respeto al medio millón de personas que buscan suelo donde extender unos cartones, mantas o un colchón viejo para tumbarse. Cuesta creer que un gobierno con ministerios de Sanidad, Interior, Servicios Sociales, Inmigración, Justicia y Transportes – los hechos se producen en un aeropuerto- y un organismo que gestiona el buen funcionamiento de los aeropuertos, diga que el problema de Barajas no pertenece a su negociado.

Quieren sentirse libres, dicen. Pero esa libertad tiene consecuencias desastrosas para el aeropuerto madrileño, sus trabajadores y sus viajeros.

A los sintecho no se les puede obligar a acudir a un albergue social. La mayoría no quiere hacerlo, se resisten a que se cierren las puertas a las 8 de la tarde, y que no puedan beber alcohol o fumar, y seguir unas normas de convivencia. El ayuntamiento pide los datos de los sintecho del aeropuerto para ofrecerles refugio, pero del centenar de personas de las que tienen datos, apenas un puñado ha aceptado la sugerencia de acudir a un centro. Quieren sentirse libres, dicen. Pero esa libertad tiene consecuencias desastrosas para el aeropuerto madrileño, sus trabajadores y sus viajeros. Y consecuencias que trascienden al hecho de que se amontonen para dormir en los pasillos y salas, utilicen los baños, se refugien bajo las mesas de mostradores y restaurantes y hayan convertido Barajas en un lugar peligrosamente insano e inseguro.

Con un problema añadido: el descrédito hoy de la imagen de España, y las consecuencias para una industria, el turismo, que da trabajo a millones de familias. Ya hay campañas en el exterior en las que se alerta del peligro para la salud que supone viajar a España.

Las autoridades socialistas, con el presidente de Aena a la cabeza, hacen responsables al alcalde y a Isabel Ayuso. Nada dicen de la obligación del gobierno de hacerse cargo de asuntos que ponen en riesgo la salud de españoles y visitantes. Gobierno que colaboró más cuando el problema se vivió en el aeropuerto del Prat. Pero a Isabel Ayuso los sanchistas no le dan ni agua.