Suiza nos recuerda qué es el dinero

En una época de creciente tecnocontrol, el referéndum celebrado en Suiza el domingo pasado nos ha dado una lección de sensatez. Más del 70 % de los votantes ha respaldado una reforma constitucional para garantizar el derecho a usar dinero en efectivo. Es lo contrario de lo decidido por ejemplo en Dinamarca. La decisión suiza es una declaración de principios: recuerda al resto del mundo que el dinero no es sólo una herramienta financiera, sino un instrumento de libertad. Y no es casualidad que esta defensa se dé en uno de los países más prósperos y estables del planeta. Un país donde el respeto a la propiedad privada, la estabilidad institucional, unos impuestos moderados y una fuerte tradición de democracia directa han sido las cuatro claves de su rotundo éxito. Cuando la libertad económica se comprende y se defiende, el resultado es una riqueza desbordante.

El electorado suizo ya había dado muestras de convicción liberal. En 2014, por ejemplo, rechazó de forma abrumadora, con cerca del 76 % de los votos, la propuesta de introducir un salario mínimo nacional de veintidós francos por hora, que habría sido uno de los más altos del mundo. Fue una muestra de madurez económica, porque imponer por decreto niveles salariales artificiales no crea prosperidad: destruye empleo y excluye al vulnerable. Doce años después, Suiza vuelve a mostrar la misma lucidez, esta vez en relación con el dinero en efectivo. Lo que está en juego en el debate sobre el efectivo no es una preferencia tecnológica. Es una cuestión profundamente política. El dinero suele definirse en los manuales como un medio de cuenta y de intercambio generalmente aceptado en el presente o en diferido, y como un depósito de valor. Esas funciones son esenciales, pero hay otra característica del dinero que con frecuencia se olvida y me parece crucial: su capacidad de anonimización de las transacciones entre individuos libres, si así lo desean. El anonimato no es un defecto del sistema monetario convencional, sino una de sus virtudes fundamentales. Sin esa característica, el dinero es menos dinero o peor dinero. El anonimato es la cualidad que permite que las personas intercambien bienes y servicios sin tener que pedir permiso al poder político ni someter cada decisión económica a su insidioso escrutinio. Es decir, el dinero en efectivo protege la autonomía personal frente al Estado y frente a cualquier otra entidad que aspire a vigilar nuestras decisiones. No sorprende que esa característica resulte incómoda para los estatistas. En los últimos años, numerosos gobiernos y organismos internacionales han intensificado su presión para restringir el uso del efectivo. Siempre con el pretexto de combatir el fraude o el delito, se han multiplicado los límites legales a los pagos en metálico y se promueve una transición hacia sistemas completamente digitales en los que el Gran Hermano, al conocer tus transacciones, conoce tus movimientos, preferencias de consumo, color político, estilo de vida, gustos culturales, creencias… todo. Si cada transacción queda registrada y analizada en los servidores estatales… el servidor eres tú y el Estado es tu amo. No es casualidad que el auge de las criptomonedas haya coincidido con la erosión progresiva de la privacidad bancaria tradicional, y de ahí el interés de los Estados por improvisar las llamadas “monedas digitales de banco central” (CBDC por sus siglas en inglés). Estas pseudo-criptomonedas estatales pretenden reproducir algunos rasgos técnicos de las criptodivisas, pero eliminando precisamente su función más revolucionaria: el anonimato. Es difícil imaginar un instrumento más poderoso de supervisión económica de millones y millones de ciudadanos con la excusa de frenar a unos pocos miles de delincuentes.

Durante décadas, el sistema financiero suizo se distinguió precisamente por ofrecer confidencialidad. Las presiones regulatorias internacionales, especialmente las de la OCDE, han debilitado parcialmente ese modelo, pero incluso hoy Suiza conserva un nivel de protección de la privacidad financiera mayor que el de muchos otros países. La decisión de proteger constitucionalmente el efectivo debe entenderse como un paso más en esa misma tradición. No se trata de rechazar la innovación tecnológica ni de impedir la expansión de los pagos digitales. Estos sistemas seguirán creciendo por pura evolución de la tecnología, pero lo que Suiza ha decidido es razonable: garantizar que la digitalización no se convierta en una herramienta de control social. En una época en la que gran parte del establishment político parece empeñado en librar una guerra silenciosa contra el concepto mismo de dinero libre, la votación suiza nos recuerda que el dinero debe poder circular sin obstáculos indebidos, y los ciudadanos deben conservar la posibilidad de realizar intercambios legítimos que no sean visibles para terceros, si así lo desean. Que un país entero haya comprendido esta verdad elemental y haya decidido por voto popular inscribirla en su Constitución es una gran noticia para quienes creemos que libertad es prosperidad.