El Estado terapéutico y la ley del tabaco

Algunos teóricos políticos, como Thomas Szaz o Paul Gottfried, suelen hablar del Estado moderno como un Estado terapéutico o una farmacracia, esto es porque usan prácticas tomadas de la medicina para ejercer su poder o bien porque lo justifican en aras de proteger la salud de la ciudadanía. En el primer caso, tratan los problemas sociales como enfermedades y ofrecen a cambio terapias y tratamientos aplicados a sus nacionales en forma de educarlos en hábitos sociales que los gobernantes entienden como correctos, y tratar a los que no desean corregirlos como enfermos o desviados, que pueden ser sancionados para modificar sus conductas hasta que se porten correctamente. Lo que ellos definen como patologías machistas o racistas, aunque los aludidos no se consideren enfermos, son buenos ejemplos de este tipo de discurso, que además vale para colocarlos en una suerte de lazareto social y aislarlos del resto. En el segundo caso, la salud es uno de los principales elementos que legitiman la actuación de un Estado, y en su nombre pueden ser suspendidas libertades, violar la Constitución impunemente bajo amenaza de castigo o requisar bienes o servicios privados en su santo nombre, cuando no movilizar a la población también de forma coercitiva. En la pandemia del covid se pudieron constatar estas prácticas, y todos tenemos algún recuerdo de alguna de ellas.

La norma implica violaciones claras de los derechos de propiedad, al menos sobre la de los hosteleros

El éxito de tal forma de gobernar es tal que se la considera como algo casi natural, y discrepar de ella no sólo es extraño sino inconcebible, hasta el punto de que es difícil encontrar alguna fuerza política que discrepe de tal modelo, y en el caso de haberla será duramente estigmatizada y confinada con cordones sanitarios. El caso del reciente proyecto de ley antitabaco aprobado esta semana en el Consejo de Ministros es una muy buena prueba. Independientemente de que sea aprobada o no, pues dependerá de lo que dure la legislatura y de si consigue o no recabar los apoyos necesarios, que es algo que dependerá de la estrategia de los partidos de la oposición, lo cierto es que el contenido de la norma no ha sido descartado tajantemente por éstas, lo que prueba que en el fondo la extrema izquierda de Sumar y buena parte de los dirigentes del PP comparten el mismo esquema de cómo deben ser tratados los problemas de salud pública. Esto es, las discrepancias serán sobre puntos menores, no sobre el fondo y la forma de este proyecto de ley.

La norma implica violaciones claras de los derechos de propiedad, al menos sobre la de los hosteleros, que implica que estos no podrán gestionar su negocio como ellos y sus clientes, que recordemos van a sus terrazas libremente, quieran. También implica control sobre los progenitores de los menores que sean sorprendidos fumando, que podrán ser multados. Es curioso que en un país donde no es obligatoria la consulta a los padres sobre abortos o cambios de sexo, estos si deban conocer si encienden o no un cigarrillo a sus espaldas. También establece controles sobre quién fuma en las inmediaciones de una facultad o una biblioteca pública, pero sin establecer quién está o no legitimado a denunciar a tan terrible transgresores del derecho a la salud, salvo que se promueva una política de delaciones generalizada. Es una norma que podría ser comprensible en mentalidades comunistas o socialistas, que gustan de subordinar el individuo al colectivo, pero menos comprensible en fuerzas que se dicen liberales y partidarias del respeto a la propiedad y la libertad individual. Salvo que sea un engaño y no haya diferencia real entre ellas y todas estén dispuestas a sacrificar su libertad al Moloch del Estado terapéutico.