Ramón Pastrana
LA PUNTILLA
Nicolás
Son tantos los días históricos que se viven a lo largo de un año, que es conveniente minimizar la euforia, sobre todo cuando se da el primer paso de un proceso que no se sabe muy bien cómo terminará, aunque el proyecto sea loable y se trate de modificar una condición que procede de hace cuarenta años como es la jornada laboral de las 40 horas. Ahora la reducción aprobada en anteproyecto de ley por el Gobierno para reducir la jornada dos horas y media semanales se enfrentará al debate parlamentario donde el día histórico puede no pasar a los anales.
La propuesta de reducción del horario de trabajo tiene dos padres, el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar y el diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, aunque es huérfana por incomparecencia de las tres patronales, CEOE, Cepyme y ATA con alergia a cualquier medida de carácter social que suponga algún tipo de merma de sus beneficios. Para los empresarios, la medida supone otro rejón para la productividad, una de las patas de las que flojea la actividad económica española, que depende en buena medida de las inversiones empresariales y de la ordenación del trabajo en sus empresas. Otros aspectos como el control de los horarios laborales, que también se aborda en el proyecto del Ejecutivo, o los millones de horas extraordinarias que se trabajan y no se retribuyen, parecen ser pecata minuta en las relaciones laborales.
Quienes se oponen a la nueva jornada van a tener difícil convencer a los suyos de que Yolanda Díaz se equivocan cuando afirma que las personas “no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir”.
Una vez que el proyecto de ley llegue al Congreso se iniciará la etapa de negociación que hasta ahora no se ha producido con los partidos de derechas, entre los que se incluye a Junts y su querencia convergente enraizada con el empresariado catalán. Sin embargo, su base social es sobre todo trabajadora como en el conjunto de los partidos. Con 21 millones de trabajadores, con la mayor parte de ellos sin que su jornada laboral llegue a los límites que se quieren imponer, a los partidos les va a costar trabajo convencer a sus votantes de que defendiendo las propuestas de las patronales les facilitan la conciliación laboral y familiar. El caso de las negociaciones con Junts y las derivas que pueda tomar, depende de muchas variables, que van de los imprevisibles designios de su líder Carles Puigdemont a la marcha de otro tipo de negociaciones. En el caso del PP, es fácil que pese más el deseo de dar una patada a Pedro Sánchez en el trasero de los trabajadores y tratar de frenar una de las leyes estrella de la legislatura que contribuir a un avance social del que ven más contraindicaciones que beneficios para las empresas e incluso para el empleo que puede verse afectado. Quienes se oponen a la nueva jornada van a tener difícil convencer a los suyos de que Yolanda Díaz se equivocan cuando afirma que las personas “no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir”.
El Gobierno, y sobre todo la vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, van a tener que emplearse a fondo para convencer a la mayoría de la Cámara de que la reducción de la jornada laboral tiene que salir adelante. La ministra de Trabajo y el de Economía, Carlos Cuerpo, han firmado la paz y ambos han cedido para no dar otro espectáculo. La función de Carlos Cuerpo será poner sobre el tapete las ayudas a las pequeña y medianas empresa que faciliten la transición hacia la nueva jornada laboral.
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