Una “zona tensionada” en vivienda, es siempre un fracaso

Algunos alcaldes o alcaldesas -siguiendo las directrices de una fallida Ley Estatal de Vivienda- son especialistas en crearnos aún más problemas para hacernos creer virtualmente que tienen una solución. Así se podría sintetizar la falta de planificación y planteamientos resolutivos en materia de accesibilidad a la vivienda. Y es que, la declaración de zonas tensionadas, agrava, y complica aún más, la accesibilidad de nuestros jóvenes, personas económicamente vulnerables o desplazados por movilidad laboral. Destruyendo la oferta de viviendas en alquiler habitual, y contribuyendo aún más a aumentar la presión en los municipios limítrofes de aquellos ayuntamientos que ya han optado por una área tensionada. Entremos en materia.

Dotar de seguridad jurídica y confianza a los propietarios a través de una nueva Ley de Vivienda Estatal, derogando la actual, es ya totalmente imprescindible.

La demanda de una vivienda para vivir de alquiler es constante y no para de aumentar. Mientras, la realidad del mercado es que el número de propiedades que salen en oferta no deja de descender. Y este desajuste contribuye notablemente a incrementar los precios del arrendamiento. Vayamos con un ejemplo comparativo real de implantación de una zona tensionada en una CCAA, como por ejemplo Cataluña, que fue la primera en marzo del 2024, en implartarla. Pues bien, los efectos de la declaración de zona tensionada, actualmente en 271 municipios en Cataluña, se trasladaron desde su entrada en vigor en una cristalina destrucción de oferta. Y en la que el número de propietarios que han retirado sus propiedades del mercado ante la inseguridad jurídica provocada por el intervencionismo del mercado no ha parado de incrementarse desde entonces aumentando así la magnitud del problema. El descalabro es notorio y contrastable. Baste un ejemplo comparativo; en su primer año, en el 2024 el número de viviendas que se pusieron en alquiler se redujo en 96.512 con respecto a 2023. Solamente en la ciudad de Barcelona se ha reducido en el -antes y después de ser zona tensionada- un 22,76%, según los propios datos del Servicio de Estudios de Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

Y lo más aberrante, los precios de la vivienda en alquiler no han disminuido, sino que se siguen incrementando. Conclusión, más del 40% de los propietarios en Cataluña han retirado o prevén retirar viviendas del mercado de alquiler tras la limitación de rentas y la tremenda inseguridad jurídica creada, y ya no hablemos del crecimiento exponencial de las inquiocupaciones. Pero la oferta también retrocede con fuerza en otras zonas tensionadas, como Guipúzcoa y Vizcaya, con una pérdida de la oferta de viviendas en arrendamiento, a cierre del 2025, del 23,5% y del 17,3%, respectivamente.

Y en nuestra Galicia, y concretamente analizando el área tensionada de la ciudad de A Coruña, y en el periodo, enero 2024/enero 2026, (antes de su entrada en vigor, y efectos posteriores) la oferta de vivienda en alquiler en el circuito de comercialización, se ha reducido en un 43% (de 582 en 2024 a 328 viviendas en alquiler en enero del 2026). Lo cual ha derivado la presión a los ayuntamientos limítrofes como Arteixo, Culleredo, Oleiros, Sada, Cambre, o Bergondo, reduciendo su oferta en vivienda en alquiler e incrementando paulatinamente los precios.

Lo dicho, dotar de seguridad jurídica y confianza a los propietarios a través de una nueva Ley de Vivienda Estatal, derogando la actual, es ya totalmente imprescindible.