Vecinos afectados de Vilar de Astrés (Ourense): “Llamamos constantemente a Seaga y no nos atienden"

Las parroquias priorizadas también sufren los retardos de la Administración a pesar de que desde la Xunta de Galicia han acordado que en estas zonas con mayor riesgo o actividad incendiaria, los propietarios de fincas puedan contratar desbroces con la Empresa Pública Servizos Agrarios Galegos (Seaga) por 420 euros por hectárea, algo que en la práctica no está saliendo adelante, dejando a los vecinos a la espera de que la empresa atienda sus peticiones de limpieza y en algunos casos hasta bloqueando el pago de los afectados.

Tras el endurecimiento de la normativa de cara a esta temporada, la preocupación de los vecinos de parroquias priorizadas choca de frente con un insólito muro burocrático, incoherente con la necesidad de mantener todo limpio antes del mes de junio.

Se está incumpliendo el contrato, aunque esté bloqueada la cuenta de Seaga, sigue en vigencia el contrato

Decenas de propietarios se encuentran en un limbo legal, medioambiental y económico debido al bloqueo en el sistema de pagos Seaga, entidad con la que tenían suscrito un contrato, cuyo pago debería haberse hecho antes del 31 de enero -sin éxito- para la gestión de la biomasa y el desbroce de sus parcelas, algo de lo que se quejan particularmente los vecinos de la parroquia de Vilar de Astrés (Ourense), donde ya se están barajando opciones con empresas privadas de desbroces.

Los vecinos de la zona matizan que desde el 2021 al 2025 tuvieron en vigencia un contrato que duró cuatro años y renovaron el año pasado, afirmando que por la misma situación, por lo que manifiestan que “se está incumpliendo el contrato, aunque esté bloqueada la cuenta, sigue en vigencia el contrato”, asegurando que “llamamos constantemente desde enero y dan todo el rato largas, diciendo por el momento no se puede hacer nada y que llamemos quince días después”. Señalan que incluso les dejaron caer que se hará un nuevo contrato, tan solo un año después del anterior: “Eso es marear al contribuyente”.

Según relatan los testimonios, la formalización de los convenios del año pasado se dilató hasta el mes de junio, por lo que ven ya un precedente peligroso y que creen que se va a repetir. La administración resolvió los trámites semanas después de que hubiera expirado la fecha tope impuesta legalmente.