APLU exige paralizar la obra del parque Coto de Canedo

Una denuncia registrada ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) amenaza una obra del Concello de Ourense. El escrito, al que accedió este periódico, solicita la “adopción de medidas cautelares de suspensión de las obras” del Parque Coto de Canedo, en A Ponte, presupuestadas en 9,16 millones, al advertir de “muy graves infracciones urbanísticas” en terrenos calificados como “equipamientos y espacios libres públicos”.

El conflicto radica en que el gobierno local habría esquivado tramitar una modificación del Plan Xeral. Según el texto, se pretendería alterar la ordenación utilizando un simple proyecto de urbanización, que ni siquiera salió a información pública, con el fin de “eludir el régimen propio del instrumento”, esquivando así “informes sectoriales y aprobación específica”. La contradicción sería tal que, como subraya el escrito citando el propio anteproyecto, las instalaciones diseñadas “no son compatibles con la urbanización definida en el planeamiento”.

La denuncia expone que, donde el planeamiento ordenaba una plaza ajardinada y dejaba “expresamente prohibidos los accesos rodados”, el Concello ejecutaría ahora una “solución en terrazas sobre seis metros de desnivel”, un nuevo vial para vehículos, una piscina y un “aparcamiento subterráneo de 8.943,95 m² y 319 plazas”.

La denuncia sostiene que el mínimo del 60% de zonas verdes “se alcanza si se computan como zona verde las superficies de piscina, solárium, vestuarios y zona deportiva”. Del mismo modo, la “edificabilidad máxima” se respetaría solo dejando fuera 550 metros cuadrados al amparo de la exención de “semisótanos para instalaciones”. A esto se sumaría que, ya en 2021, la arquitecta municipal habría advertido sobre la imposibilidad legal de alterar el diseño general al existir “xa tres polígonos urbanizados”.

Además, el escrito alerta de una vulneración a la propiedad privada. El avance de las obras “comporta la demolición de edificaciones existentes sin que conste el previo pago o consignación de las indemnizaciones reconocidas” y sin que el expediente “acredite la titularidad ni la disponibilidad de los terrenos”.

La denunciante también presentó tres escritos ante Alcaldía, Disciplina Urbanística y Gestión Urbanística del Concello. Allí advierte de la ilegalidad y solicita los informes que avalen la aprobación del proyecto. Ninguno fue contestado.

Piden la restitución

En paralelo, el PP municipal registró dos peticiones reclamando explicaciones sobre los sobrecostes y solicitando las actas que acrediten la disponibilidad de los terrenos afectados. Sin embargo, el entorno de los afectados lamenta que la APLU mantenga la denuncia sobre su mesa desde hace semanas, dando vía libre a una actuación que está cofinanciada con fondos europeos Next Generation. Ante este escenario, la denuncia insta al ente autonómico a intervenir y “declarar que las obras no son legalizables”, exigiendo que los terrenos “deben ser restituidos a su primitivo estado”.