Choque en el pleno de Ourense por el sueldo de Jácome, el precio del alquiler y el comercio

El pleno del Concello del mes de julio evidenció, una vez más, la profunda fractura existente entre el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y la oposición, en una sesión ordinaria de donde las acaloradas discusiones ideológicas sepultaron cualquier intento de consenso sobre los grandes problemas estructurales de la ciudad. El debate sobre el acceso a la vivienda y la legalidad de los ingresos del regidor marcaron el pulso de una mañana tensa y de alto voltaje.

El alcalde sacó pecho de poder cobrar de sus empresas privadas, a pesar de percibir un salario público por dedicación exclusiva al frente del Concello, espoleado por el archivo de la Audiencia Provincial de su causa por prevaricación. Ante las insistentes preguntas de la portavoz del PP, Ana Méndez, Jácome optó por la negativa a la transparencia municipal. “Ana Méndez revela la ignorancia de Luis Menor al decir que había irregularidad. Yo haré lo que la ley me permita, puedo cobrar lo que me dé la gana”, espetó el regidor, añadiendo que, si ejerciera alguna actividad incompatible, ya pediría permiso al pleno: “Me dedico en cuerpo y alma a la alcaldía y seguiré cobrando dedicación exclusiva”, añadió.

Frente a la exigencia de los populares para que presente su declaración de bienes y actividades en el registro del Concello -tal y como han hecho el resto de los miembros de la corporación-, el regidor se escudó en que ya cumplió ese trámite en la administración provincial: “Ya lo presenté en la Diputación, porque la ley lo permite”, sentenció, para zanjar el enfrentamiento dirigiéndose a la edil del PP con un tono despectivo: “Mientras no haga eso, a usted no le importa mi vida privada, señorita (sic)”.

El alquiler, sin restricciones

La vivienda, uno de los dramas sociales más acuciantes para las familias ourensanas, protagonizó el otro gran choque de la jornada. El BNG llevó una propuesta para instar a la Xunta a declarar a Ourense como “zona tensionada de alquiler” para contener la escalada de los precios. La edil nacionalista Erea Blanco justificó la urgencia de la iniciativa asegurando que “cada día é máis difícil atopar vivenda digna e accesible, moita xente en Ourense non pode permitirse pagar este prezo”, y recordó que el Gobierno autonómico “non vai actuar de oficio”.

El PSOE respaldó la moción a través de Alba Iglesias, quien cargó contra los retrasos urbanísticos de la Administración autonómica. “Moito lle debe a Xunta a esta cidade”, afirmó la edil socialista, señalando además que el verdadero foco de intervención debería ser la proliferación de las viviendas de uso turístico.

Sin embargo, la iniciativa chocó de bruces contra un muro infranqueable: la coincidencia de planteamientos entre el PP y DO. La edil popular Sonia Ogando rechazó la medida tildándola de “intervencionista” y advirtió de que aplicar el tope a los alquileres, como ya ocurre en A Coruña, solo provoca que haya “muchos menos pisos en oferta y suba el precio”. Ogando atribuyó el problema a la “inseguridad jurídica” generada por la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno central y defendió los proyectos de viviendas sociales de la Xunta en A Cuña, O Vinteún y el área Rexurde del Casco Vello.

El tono más bronco lo puso el concejal de Urbanismo del grupo de gobierno, Francisco Lorenzo, quien no dudó en calificar la declaración de mercado tensionado como una medida “chavista”. Lorenzo insistió en que el problema radica en la escasez de oferta y exigió al BNG “dejar de sostener en Madrid un Gobierno corrupto”. Con los votos en contra de DO y PP, Ourense renunció a aplicar la medida.

El gobierno local anuncia otro bono preelectoral de 100 euros

La parálisis urbanística y el declive del comercio local protagonizaron un intenso debate paralelo. En el tramo final de la sesión, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, avanzó que este mismo mes de julio remitirá, por fin, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a la Xunta de Galicia para su evaluación, con el objetivo de que el documento regrese al pleno en octubre para su votación definitiva.

En materia económica, el PSOE encendió las alarmas al denunciar que el centro de la ciudad ha pasado de tener 680 comercios a apenas 120. Toda la oposición apoyó la creación del Plan Estratégico “Ourense Cidade Viva” para revitalizar los barrios. Sin embargo, desde Democracia Ourensana se abstuvieron. El edil Fran Lorenzo justificó la postura alegando que el cierre de tiendas es un problema “macroeconómico” derivado de las compras por internet y que inyectar dinero en negocios sin demanda es inútil.

Como contrapartida, Jácome anunció, primero en la sesión plenaria, y, posteriormente, en sus redes sociales que repetirá la fórmula preelectoral de 2023, llevando al pleno un nuevo “Bono Comercio” universal de 100 euros por acada ciudadano retando a PP y PSOE a ver si se atreven a “trabarlo” después de que el BNG ya anticipara su rechazo a lo que consideran un simple “parche”.

Frente a este cheque puntual, la oposición en bloque afeó al gobierno su rechazo a aplicar políticas estructurales. BNG, PP y PSOE exigieron ir más allá reclamando incentivos fiscales para los locales vacíos, mejoras en aparcamiento y limpieza el rescate urgente de la Praza de Abastos.

El regidor dice ahora que está dispuesto a aceptar el plan de la Plaza de Abastos

A preguntas del BNG, el gobierno municipal reconoció que, ahora sí, está dispuesta a firmar un acuerdo con Diputación, Xunta y placeros para acabar las obras del edificio de la Plaza< de Abastos, tras meses poniendo pegas. Dijo Jácome que les han propuesto que sea el Concello quien licite la obra mientras el resto la financia -pese a que es un edificio de propiedad municipal- y que, entonces sí, “fumaríamos la pipa de la paz”. En teoría, esta próxima semana debería resolverse, pero visto los antecedentes, nada es seguro.

El feminismo, a debate entre impagos en el bus urbano y crisis de conciliación

El PSOE abrió el debate sobre la infrarrepresentación femenina con una moción que quería revertir la ausencia de mujeres en los actos institucionales. Aunque el BNG compartió el fondo del problema, advirtió que la igualdad requiere “orzamentos e políticas reais” y no quedarse en la superficie. Por su parte, el PP y DO cuestionaron la propuesta, tachándola de “escaparate”. Las populares recordaron que el feminismo pasa por arreglar el caos en la conciliación y los comedores escolares. La iniciativa salió adelante, al no obtener votos en contra.

La senda de Outariz que nadie garantiza y nadie entiende por qué no se hace

En un pleno polarizado, la única nota de consenso llegó al exigir responsabilidades a la Administración central. Los 23 ediles presentes aprobaron por unanimidad la moción del PP para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que ejecute el convenio -firmado en 2017- para el acondicionamiento de la senda fluvial entre Outariz y el regato do Val. La oposición lamentó que proyectos vitales para el termalismo lleven casi una década en un cajón, convirtiendo instalaciones como el antiguo camping de Untes en “un nido de ratas”.