Con el respaldo del Gobierno

Cada semana, la misma dinámica: juicios, imputaciones, tramas delictivas relacionadas con el Gobierno. No hay descanso. Cuando tenemos noticias de una nueva imputación, salta inmediatamente otra sobre la supuesta conducta delictiva de un alto cargo gubernamental o del PSOE. Quedamos sin capacidad de digerir tanta noticia, porque es una corriente impetuosa que nadie puede moderar, retardar o reducir.

Son tantos los casos y los implicados que ya no provocan dimisiones ni ceses. Lo novedoso ahora es que, sea cual sea la acusación, cuentan con el respaldo del Gobierno, con el beneplácito de un ministro o con el apoyo del propio presidente. Acuden rápidamente al derecho a la presunción de inocencia. Algo que no tuvieron en su momento con Santos Cerdán, por eso se queja quien fue secretario de organización del PSOE en su último alegato publicado. Con el no apelaron a la presunción de inocencia, él fue condenado ipso facto por toda la organización, sin lugar a duda. Y de ahí no salimos. Pero no estamos estancados, la marea sube y sube cada día, anegando todas las estructuras de la administración socialista, con respaldo del Ejecutivo.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, acaba de ser imputada por el juez Pedraz por conspirar contra la propia institución. La reacción inmediata del Gobierno ha sido el respaldo total a sus actuaciones, la presunción de inocencia y la confianza en que pueda demostrarse que no hay nada, de que por tomar dos cafés con Leire Diez no la pueden condenar a nada. La misma reacción ha sido la del ministro del Interior, Grande Marlaska: tiene toda su confianza, todo su respaldo, es honesta, trabajadora, solo vive para mejorar y dignificar a la Benemérita, algo que sólo cree el ministro, si bien lo suyo no es la verdad. Es el mismo apoyo que le muestra al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas. El Gobierno está muy satisfecho con sus actividades, pero muy insatisfecho con las decisiones judiciales, tan extensivas, tan rápidas, tan constantes.

Cuentan con todo el respaldo del Gobierno los sospechosos de la SEPI, sociedad del Ministerio de Hacienda. No hay nada que reprocharles, todos los millones que fluyeron para rescatar empresas, de forma dudosa, no le ofrecen al Ejecutivo ninguna duda. Para ellos, la sospecha se la despierta la agilidad de los jueces a la hora de implicar cargos socialistas. Especialmente, cuando ven aproximarse de forma inevitable la implicación de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable directa de la investigada SEPI. Como consecuencia de todo este entramado, se ha producido la renuncia de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, después de cuatro años en el cargo. Como suele suceder en los casos de ceses fulminantes, oficialmente se dan razones poco razonables, como que se va por decisión propia, porque quiere dedicarse a otros menesteres, o porque estaba cansada. Lo cierto es que se produce la “renuncia”, o cese, justo cuando la Agencia Tributaria tenía que decidir si se presentaba como perjudicada en la causa del posible fraude fiscal de José Luís Rodríguez Zapatero, por las famosas y costosas joyas. El choque debió ser muy fuerte, porque el expresidente cuenta con el total y absoluto respaldo de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno, y presentarse la Agencia como perjudicada ya puede suponer la aceptación del delito de fraude fiscal por parte de Zapatero. Y esto no cuenta con el respaldo del Gobierno.

Rotos y descosidos - Los nietos de exiliados

Se desató una auténtica avalancha de críticas contra Feijóo porque cuestionó el procedimiento de nacionalización de nietos de exiliados españoles, al mismo tiempo que denunciaba posibles maniobras para alterar el censo electoral español. Fue una reacción casi unánime. Se le acusaba de poner en duda el sistema electoral, algo que no se podía consentir, para algunos. Se le recordaba que la ley sobre la materia había sido aprobada por el PP, que siempre había defendido la votación de los ciudadanos emigrantes en los comicios españoles. En definitiva, que no entendían el rechazo actual y las sospechas sobre maniobras electorales.

Quizás se olvidaban de que el PSOE de Pedro Sánhez es experto en maniobras en la sombra. Incluso hay sombras de sospecha en manipulación de elecciones internas del partido, en aquellas primarias que le eligieron a él secretario general. Se les olvida que gran parte del Gobierno está siendo investigado por maniobras varias para eludir la acción de la Justicia. Se les olvida, o no tienen conocimiento, de que han manipulado la Ley de Memoria Democrática en materia de nacionalización de exiliados por medio de una instrucción interna ministerial. Están cometiendo oficialmente una ilegalidad, con trampa. Si se saltan de forma tan descarada una ley aprobada por las Cortes ¿qué garantías hay de que otros procesos dentro de unas elecciones no van a ser manipuladas?

Cuando existen sombras de sospecha y cuando hay demostraciones empíricas de maniobras oscuras por parte del Gobierno, la defensa no puede ser atacar a quien lo denuncia, sino corregir lo que se ha hecho mal. Un proceso electoral no debe tener el más mínimo aspecto confuso. Debe ponerse luz en cualquier rincón sospechoso. No se puede ser ingenuo con el sanchismo.