La ciudad activa desde hoy su red de radares y cámaras de vigilancia

La ciudad activa desde hoy su red de radares y cámaras con tres años de retraso y al límite para no perder los fondos europeos que los financian. El sistema de control del tráfico rodado, que cercará todas las entradas y salidas al casco urbano, en el caso de los radares, y al Casco Vello, en el caso de las cámaras, coincide con una nueva reordenación del bus urbano, que también se inicia hoy.

Casi tres años después de sus plazos iniciales y tras un largo historial de demoras, el Concello anunció la puesta en marcha hoy del nuevo sistema de control de tráfico, un año después de que se hubiesen instalado en los puntos. Hasta ahora, no habían entrado en vigor por el retraso a la hora de contratar el software necesario para su mantenimiento. El Concello no ha aclarado si habrá un tiempo de gracia, con multas solo de carácter informativo, como suele establecer la DGT en los suyos.

Desde hoy, siete de las principales arterias de la ciudad estarán bajo la vigilancia de cinemómetros con límites de velocidad específicos. Se podrá circular a un máximo de 50 kilómetros por hora en la avenida de Marín, Eulogio Gómez Franqueira, la N-120 (O Pino), Nosa Señora da Saínza y la carretera de Seixalbo. El límite se ha fijado en 40 km/h para la avenida Otero Pedrayo, mientras que la calle Pena Trevinca queda como la vía más restringida, con una velocidad máxima de 30 km/h, por la proximidad de un colegio A estos se suma un radar móvil que podrá operar la Policía Local. A ellos se añade el radar de la N-525 en Rabo de Galo, que activó hace meses la DGT, y que está limitado a 80.

A este control, se agrega hoy la activación del sistema de control de acceso al Casco Vello. Las diecisiete cámaras con lector de matrículas ponen fin a un vacío de más de cinco años en la vigilancia de la zona histórica. Fue en febrero de 2020 cuando el actual gobierno local tomó la decisión de desactivar los bolardos retráctiles, dejando desde entonces el área sin un control de acceso efectivo.

La cronología de los anunciados radares de velocidad es extensa. Aunque la licitación se puso en marcha a finales de 2022, una serie de suspensiones y recursos dilataron el proceso durante todo 2023. El contrato definitivo con la empresa Valoriza no se formalizó hasta abril de 2024, por un importe de 799.155 euros, sufragado en parte por el plan de recuperación europeo. La propia financiación comunitaria establecía la conveniencia de que el sistema estuviera finalizado antes de que acabase el año 2024, un plazo que se ha incumplido en nueve meses. Tras la instalación de los equipos en octubre de ese año, la ciudad ha convivido casi un año con una red de radares y cámaras inoperativa, a la espera de un software de gestión que ha retrasado su puesta en marcha.

Sanciones

La activación de estos radares somete a los conductores al régimen sancionador de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Las consecuencias económicas y la pérdida de puntos varían según la gravedad del exceso de velocidad. La infracción más leve, que consiste en superar el límite de la vía hasta en 20 km/h (por ejemplo, circular a 50 km/h en la zona de 30 en Pena Trevinca, o hasta a 70 km/h en las de 50) se saldará con una multa de 100 euros, sin retirada de puntos del carné.

Sin embargo, a partir de ahí las sanciones se endurecen. Superar la velocidad en un tramo de entre 21 y 30 km/h ya implicará una multa de 300 euros y la retirada de 2 puntos. La siguiente horquilla de sanción asciende a 400 euros y 4 puntos. Las infracciones más graves, consideradas muy graves, conllevan multas de 600 euros, también con 6 puntos, entre 51 y 60km/h más. Superar en más de 60 km/h el límite de velocidad en vía urbana deja de ser sanción administrativa y pasa a ser un delito contra la seguridad vial. Así, pasar a más de 90 km/h por el radar de Pena Trevinca o a más de 100 km/h en Otero Pedrayo será un delito penal.