La ciudad centralizará los casos de violencia de género de la provincia

Un caso como el reciente tiroteo a una mujer en Verín, ocurrido el pasado 25 de mayo, a partir del 31 de diciembre de este año se instruirá en la ciudad, en donde el detenido y la víctima tendría que comparecer a 73 kilómetros de sus lugares de residencia.

Las plazas de juez y fiscal aprobadas esta semana por el Gobierno central para crear una sección especializada en violencia sobre la mujer en el edificio judicial de O Couto implicará que todos los asuntos de violencia de género y sexual de toda la provincia, salvo los del partido judicial de O Barco y Trives, se centralicen en Ourense.

Esta nueva sección responde a una vieja demanda de los operadores jurídicos especializados en esa materia (la jueza de Instrucción 3 que asume en la ciudad en exclusividad los asuntos de VioGén junto a pleitos de otra índole o el fiscal delegado de Violencia de Género en Ourense) a favor de la comarcalización para salvar la excusa de que no había asuntos suficientes para un órgano solo dedicado a la violencia machista.

No obstante, este nuevo escenario ya ha suscitado críticas y oposición entre los abogados ourensanos. A la decana del Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez, le vienen a la cabeza las víctimas de Ponte Barxas (Padrenda), Bande o Beariz, que tendrán que recorrer 51, 43 y 55 kilómetros, respectivamente. “Traerán a las víctimas desplazadas por toda la provincia y no solo les perjudica a ellas sino también a los abogados de esos lugares, especialmente los del turno de oficio, que tendrán que soportar los costes y logística de los desplazamientos en guardias que en muchas ocasiones suponen comparecencias en varios días consecutivos”, asegura Gómez.

Para Alternativas na Xustiza la comarcalización sin aumentar el cuadro de personal “demostra que a violencia sobre la muller é utilizada como arma política sen preocupación algunha pola situación das vítimas”.

Tribunales de instancia

Esta es una de las medidas contempladas en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró en vigor en enero y que prevé la conversión de los 30 juzgados de la provincia en nueve tribunales de instancia. Las villas contará con una única sección de civil e instrucción y la ciudad, con ocho, incluyendo la nueva de violencia sobre la mujer. Un nuevo modelo diseñado para agilizar una administración que tocó techo a finales de 2024 con 17.752 casos pendientes.

La primera fase de implantación del Nuevo Modelo Organizativo (NUMO) arranca el próximo 1 de julio en los juzgados mixtos (asumen asuntos civiles y penales) de Ribadavia, Xinzo de Limia, Trives, Verín, O Barco, Carballiño, Bande y Celanova. Supone la transformación de los actuales juzgados de las villas en órganos colegiados (tribunales de instancia integrados por una sección única de civil y de instrucción), y conlleva la creación de un nuevo modelo de oficina judicial que se llamará servicio común de tramitación.

El cambio apenas se notará, más allá de nombre, en las villas con un único juzgado, pero en aquellos con dos órganos -Carballiño, O Barco y Verín- las dos oficinas actuales se fusionarán en un servicio común de tramitación para dar soporte y apoyo a las dos plazas de juezas del tribunal de instancia correspondiente. Así, por ejemplo, en Verín en vez de dos juzgados habrá un tribunal de instancia con sección única de Civil e Instrucción con dos plazas de juez (plaza 1 y plaza 2).

La transformación en la ciudad se pospone al 31 de diciembre y será más compleja. Según el decano de los jueces, el magistrado Leonardo Álvarez, en septiembre comenzarán a tomar decisiones organizativas de cara a un 2026 con el nuevo modelo.

El secretario coordinador provincial de Ourense, Marcos González Joly, explica que en Ourense “se crea un tribunal de instancia con tantas secciones como órganos unipersonales existen actualmente, más la sección especializada de nueva creación”. Habrá sección Civil (seis plazas de magistrado); Familia, Infancia y Capacidad (una plaza); Instrucción (tres); Violencia sobre la Mujer (una); Penal (dos); Menores (una); Social (cuatro) y sección de lo Contencioso-Administrativo (dos). “Deberán funcionar como órganos colegiados en la toma de decisiones y unificar criterios”, aclara González Joly. Para dar apoyo a estas ocho secciones se crearán -explica- tres servicios comunes con la plantilla actual de funcionarios, por lo que habrá que reorganizar efectivos. No afectará a las competencias de los jueces tal como están ahora y a las normas de reparto.

Servicios comunes

Uno de los servicios comunes se encargará de la tramitación de los procedimientos hasta la sentencia; un servicio común de ejecución dará cumplimiento a las sentencias dictadas y un servicio común general será el encargado de actuaciones transversales para dar apoyo y soporte tanto al tribunal de instancia como a los servicios comunes. Se valdrá de los funcionarios -auxilios judiciales- para tareas como la atención en las salas, ciudadanos, citaciones, archivos, videoconferencias…

Al frente de cada servicio estará un letrado de la administración de justicia (LAJ) que asumirá la dirección. El resto de LAJs se integrarán en esos servicios de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

El secretario coordinador apuesta por este nuevo modelo organizativo. “La especialización conllevará la reducción de tiempos en la ejecución de tareas, lo que debe contribuir a bajar la pendencia”. Según González Joly, la organización actual tiene sus bases en siglo XIX y “resulta insostenible, toda vez que los recursos humanos destinados a los juzgados son insuficientes, -hay órganos sobrecargados y otros con carga llevadera-, por lo que este nuevo sistema permite reorganizar efectivos bajo criterios de flexibilidad y permitirá atender las necesidades de servicio ante situaciones cambiantes e imprevistas como por ejemplo la baja de un funcionario o la entrada masiva de asuntos de una materia determinada como ocurrió con las reclamaciones bancarias”.

Y destaca que la creación de plazas de juez será más fácil porque no se precisa la dotación de personal judicial como ocurre ahora con los nuevos juzgados.