Urnas transparentes

En el último semestre se han celebrado en España cuatro elecciones autonómicas, ganadas todas ellas por el PP y con unos resultados de Vox que han demostrado que tienen un suelo de votantes estables. En ninguna de ellas se ha producido un solo incidente de gravedad relacionado con el proceso de recuento de los votos depositados en urna o remitidos por correo. Nadie ha denunciado ningún atisbo de pucherazo. Nada que no hubiera sucedido en los cientos de elecciones celebradas desde la recuperación de la democracia, porque el procedimiento electoral, además de garantista per se, cuenta con la vigilancia de los apoderados e interventores de los partidos que se encuentran en todas y cada una de las mesas electorales. Las urnas son transparentes.

Siguiendo la estela trumpista, el presidente de Vox, Santiago Abascal formalizó el pasado miércoles sus sospechas sobre un posible fraude electoral basado en la sospecha de que Pedro Sánchez hará todo lo que esté en su mano si corre el riesgo de perder las elecciones generales, y sin ningún tipo de prueba -para qué-, denunció desde la tribuna del Congreso “toda una trama diseñada para alterar el resultado de las próximas elecciones”.

A Vox, como en otras ocasiones, le basta con poner en marcha la estrategia de la ultraderecha basada en mentiras que pueden calar en incautos o desinformados, como cuando afirma que el proceso de regularización de inmigrantes tiene por objeto alterar el censo electoral y da por hecho que los recién incorporados al mercado laboral español, que es lo que han conseguido y no la nacionalidad, votarían a las formaciones de izquierdas, obviando que carecen del derecho a participación electoral. Por si sirve de referencia, el voto exterior ha sido determinante para que en Perú y en Colombia ganaran las últimas elecciones los candidatos de ultraderecha, apoyados por Trump.

Algo qué si han hecho los partidos políticos, sobre todo algunos de sus dirigentes regionales y nacionales, como Manuel Fraga, fue visitar a las colonias de españoles inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) en los países sudamericanos para animarlos a votar a su formación.

Dentro de la preocupación por el voto exterior manifestada por Vox se incluyen las consecuencias de la “ley de nietos” derivada de la ley de Memoria que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad y por tanto el derecho a la participación electoral. Presuponer que todos ellos votarán a las formaciones de izquierdas es mucho aventurar sin que se haya testado ni su participación ni su orientación política, aunque volverán a ser objeto de atención y de visitas a las casas regionales.

En estas circunstancias lo más grave es que el Partido Popular, vencedor en todas las elecciones celebradas bajo el gobierno de Pedro Sánchez, no haya salido a defender la limpieza del escrutinio de los votos, que es una de las bases en las que se sustenta el sistema democrático, y que contribuya, por boca de Isabel Díaz Ayuso o mediante el silencio de otros de sus dirigentes, a no abortar las dudas, como si no les bastaran las predicciones demoscópicas que atribuyen al tándem PP-Vox una holgada mayoría absoluta en el próximo Congreso. Si lo que desean es fomentar la desafección porque una baja participación suele beneficiar a sus intereses políticos, percutir sobre la limpieza de las elecciones es una buena estrategia para ellos y mala para el conjunto de los ciudadanos.