El Concello de Ourense aún debe 1,2 millones de euros pese a incluir los complementos salariales

La junta de gobierno del Concello de Ourense aprobó la inclusión de los pluses de nocturnidad y festividad en las nóminas de los agentes de policía local y cuerpo de bomberos, cumpliendo así con el mandato del Tribunal Supremo, que en julio de 2023 determinó la obligatoriedad de hacerlo.

La inclusión supone el fin de una larga batalla judicial y laboral entre la administración Jácome y estos trabajadores municipales, quienes veían reducidos sus salarios todos los meses cerca de un 40%, lo que ha ocasionado varios encontronazos durante el pasado año. “Tendría que haber llegado antes”, afirma Javier Novoa, presidente de la junta de Personal, “ahora negociaremos que el complemento de festividad se haga extensible también a los trabajadores del Fogar do Transeúnte y de la Oficina Municipal de Turismo”.

Queda aún por resolver el pago de los atrasos aún pendientes por esos conceptos, que según Novoa “rondaría los 1,2 millones de euros, como nos dijo el director general de Recursos Humanos. A final de 2024 se pagaron casi todas las horas de 2023, aunque quedan algunos compañeros con pagos aún pendientes. Con las de 2024 pasa lo contrario, que solo unos pocos han percibido los atrasos”, sigue relatando Novoa, quien no tiene constancia de que se hayan satisfecho tampoco las trabajadas en 2025.

“Es mucho dinero el que se adeuda a los trabajadores. Y como ahora mismo no hay presupuestos, solo podría pagarse a través de una modificación de crédito”, dice el presidente de la Junta de Personal. “Hay dinero para pagar las nóminas y poco más, y no sabemos qué hoja de ruta tiene el gobierno, si es que la tiene”, concluye Javier Novoa.

Prorrogada

En la misma reunión, el acalde firmó la prórroga forzosa del servicio de Axuda no Fogar por un plazo de dos meses (del 1 de marzo al 30 de abril ambos inclusive), toda vez que el servicio entró a prestarse en precario a finales de octubre del año pasado, momento en el que caducó la última de las ampliaciones que les permitía el contrato.

A causa de la caída del pliego para el transporte público, también hubo que decretar la devolución de un depósito previo que una empresa había adelantado en concepto de fianza para participar en la adjudicación.

Permiso denegado

La administración Jácome decidió también tomó la decisión de denegar un cambio de titularidad a la licencia de obra y actividad del centro de mayores de 116 plazas que la empresa DomusVi ultima en el barrio de A Ponte, concretamente entre las calles Vicente Risco y Ramón y Cajal.