El Concello, sin soluciones a la vista para Plaza San Antonio

El Concello de Ourense tiene un problema con la Plaza de San Antonio, que estalla en las manos del alcalde, quien presumía hasta hace poco de ser “el denunciante original” del conflicto. Como este periódico avanzó en enero, el abogado Antonio Feijóo Miranda había solicitado, en representación de la demandante, la ejecución de la sentencia, ya firme, que declaraba público el subsuelo de dicha plaza y, por tanto, la ilegalidad de parquin de 250 plazas de uso público y las 150 de aparcamiento privado allí construidas. El Concello tiene ahora dos meses, según el juzgado, para la ejecución forzosa de la sentencia, para lo que hay varias opciones.

El actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien se erigió en campaña electoral como “rescatador” de la Plaza de San Antonio, reconoció en el pleno de ayer, que la situación es delicada y que en próximos días el Concello perfilará mediante una especie de comité de crisis qué se puede hacer con el subsuelo de la plaza. Algunos técnicos han deslizado en los últimos días la posibilidad de que el Concello deba devolver la plaza a su estado original, lo cual pasaría por hacer un relleno del aparcamiento, es decir, la demolición para dejar la plaza como si nunca hubiese existido un parquin. 

Sin embargo, hay otras alternativas. La que ya había avanzado este periódico, sacar a licitación pública tanto el aparcamiento privado como el de las plazas privadas -que serían así adjudicatarias de su plaza mediante un canon-, o una tercera opción, la preferida por el gobierno local, solicitar la inejecución de la sentencia -como en su día hizo la concejala de Urbanismo Áurea Soto para evitar el derribo de los edificios-. Sería cuanto menos surrealista que el gobierno de Jácome, el que judicializó el tema y se erigió como “rescatador” de la Plaza de San Antonio, el que ahora pida que no se ejecute la sentencia. 

Pero el gobierno local desea esta vía porque las indemnizaciones a las que se enfrenta el Concello pueden ser millonarias. Solo por los locales que compró la Seguridad Social en el subsuelo de San Antonio, la Justicia ya ha ordenado pagar más de cinco millones de euros. 

Ayer, a preguntas del BNG en el pleno, Jácome tildó de “marrón” la situación actual -que él mismo persiguió durante años- y culpó al alcalde socialista Manuel Veiga Pombo -en cuyo mandato se firmó el convenio para el desarrollo urbanístico de la plaza-.

El bus urbano seguirá en precario hasta 2026 y 30 entidades sociales lanzan un SOS

Las concesiones siguen en precario y no tiene pinta de que la situación se resuelva a corto plazo. Todos los grupos insistieron ayer en el pleno en la necesidad de conocer qué pasa con la licitación del pliego de autobuses, por un lado, y en que se debe corregir el mal funcionamiento del servicio. Jácome, que reconoció que el autobús no funciona adecuadamente yq ue las líneas no cumplen los horarios, culpó a los conductores y se deshizo de responsabilidades. 

Por otra parte, confirmó que, por los plazos burocráticos, ya no se adjudicará la nueva concesión del servicio de autobús urbano al menos hasta el 1 de marzo de 2026. En todo caso, aseguró que estudian un “pliego exprés” mediante un negociado sin publicidad -es decir, a dedo- para darle temporalmente el servicio a una empresa. 

Por otra parte, durante el pleno trascendió que los grupos políticos recibieron cartas de hasta 30 asociaciones sociales de la ciudad pidiendo la constitución de un Consello Municipal de Servizos Sociais que el gobierno local sigue sin impulsar, y que se desatasquen las ayudas sin pagar. El gobierno local, a través de Tamara Silva, señaló que está todo parado en el interventor. 

Mociones

Salió adelante la moción impulsada por el PSOE para reclamar la gestión pública directa del Centro de personas con discapacidad (CAPD) de Barrocás, que se aprobó con el voto a favor del BNG y la abstención de Democracia Ourensana. El único voto en contra fue del PP, que aseguró que el contrato de la Xunta con una entidad social “garante” la buena atención del centro. 

También se aprobó la moción del PP para que el Concello impulse el Ano Castelao, y otra del BNG, que fue enmendada por el PSOE para evitar reconocer a Castelao como primer presidente de Galicia. Asimismo, la oposición se alió para pedir que se satisfaga ya la ayuda de 50.000 euros prometida a Down Ourense, como pedía el PP; y para que se atienda al barrio de Vistahermosa, como reclamó el PSOE.