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DICTAMEN TÉCNICO
El servicio de autobuses urbanos de la ciudad de Ourense, que opera en situación de precariedad desde 2015, continúa sin desbloquear su nuevo contrato. Pese a que el ejecutivo local liderado por Gonzalo Pérez Jácome llegó a aprobar inicialmente su adjudicación, la intervención del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) frenó el proceso al apreciar diversas irregularidades, obligando a retrotraer el expediente a la fase de baremación de propuestas. Desde ese momento, la licitación permanece atrapada entre informes internos y desacuerdos técnicos, tal y como refleja el acta de la última sesión de la mesa de contratación que acaba de salir a la luz.
En dicho encuentro se determinó requerir un nuevo dictamen al responsable del departamento municipal de Transporte con el objetivo de analizar la coherencia técnica y financiera de las propuestas, poniendo el foco de manera especial en la viabilidad de la oferta presentada por la UTE integrada por Gavilanes SL y Sagalés SA, firma propuesta como adjudicataria. Este punto generó un fuerte debate y motivó un voto particular de la viceinterventora, apoyado en un análisis previo del área de gestión económica y presupuestaria del Concello. La funcionaria advierte de que la alianza empresarial calcula un gasto en plantilla inferior al estipulado en los pliegos, un desajuste crítico al tratarse de una concesión donde los costes laborales representan el grueso del presupuesto.
Ante los requerimientos de aclaración enviados desde el Ayuntamiento, la unión temporal Gavilanes-Sagalés defendió su planteamiento asegurando que los 110 conductores contemplados inicialmente resultan excesivos y que bastaría con 107 profesionales para cubrir el servicio una vez entren en vigor las nuevas rutas. Sobre los tres trabajadores sobrantes, la empresa apunta a su posible reubicación, aunque deja abierta la puerta a su "desvinculación". Asimismo, frente a las dudas sobre el encaje presupuestario de incorporar a tres nuevos perfiles para el equipo directivo, la adjudicataria provisional sostuvo que estos puestos cubrirán el hueco de otros tres empleados que serían despedidos; no obstante, los técnicos económicos municipales subrayan que no se ha calculado el impacto financiero que supondrían dichas indemnizaciones.
Por último, la sesión sirvió para revisar un informe de carácter urbanístico relativo a las cocheras planteadas por las distintas licitadoras, un expediente sobre el que la interventora volvió a dejar constancia de su voto particular.
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