Destino Aranjuez: la vida entre rejas del pederasta Martiño Ramos Soto

La larga fuga del exprofesor ourensano Martiño Ramos Soto, condenado a trece años y medio de prisión por violar a una alumna menor de edad, ha desembocado en una celda de la cárcel madrileña de Aranjuez (Madrid VI). Extraditado este miércoles desde Cuba -donde se ocultó el pasado verano bajo la falsa identidad de un fotógrafo hasta su detención en noviembre de 2025-, el recluso ingresó ayer de forma provisional en este penal, activando así el estricto engranaje del sistema penitenciario español.

Ante la magnitud de la pena, es muy probable que la dirección del centro decida aplicarle durante estos primeros días el protocolo antisuicidios. Bajo esta medida preventiva, el recién llegado no estará solo en su celda; se le asignará lo que en el argot carcelario se conoce como un “preso sombra”. Se trata de un interno de apoyo especialmente seleccionado cuya única misión es acompañarle y vigilar que no atente contra su propia vida durante el periodo de adaptación.

Una vez cerradas las puertas de Aranjuez a sus espaldas, la maquinaria burocrática avanza a contrarreloj. En un plazo máximo de 72 horas, Ramos Soto debe someterse a una evaluación integral obligatoria. Tras ser reconocido por los servicios médicos, mantendrá entrevistas con el trabajador social y el educador de prisión. Estos profesionales analizarán minuciosamente su perfil, teniendo en cuenta sus 50 años, su condición de delincuente primario al no ser reincidente y la naturaleza de su delito, para proponer a la dirección su clasificación interior. Este trámite es fundamental, ya que decidirá a qué módulo concreto será destinado para minimizar conflictos.

Acceso a programas para agresores sexuales

Según fuentes penitenciarias, “los reclusos con este tipo de condenas suelen generar un fuerte rechazo entre el resto de la población reclusa. Por ello, lo habitual es derivarlo a un departamento específico que garantice su integridad física, como un módulo de respeto o de baja conflictividad”. En esos espacios podrá tener acceso, a los programas de tratamiento que Instituciones Penitenciarias diseña en exclusiva para agresores sexuales.

El siguiente paso crucial para definir su futuro a medio plazo llegará en un máximo de dos meses, cuando el sistema tenga la obligación de proponer su clasificación en grado penitenciario. Al tratarse de un ingreso directo para cumplir una pena firme, la ley estipula que sea clasificado en segundo grado, el régimen ordinario con el que comienzan a cumplir condena la inmensa mayoría de los presos. El primero es para internos muy peligrosos y el tercero, más flexible (régimen abierto o de semilibertad).

Esta propuesta no recae en una sola persona, sino en la junta de tratamiento, el órgano colegiado de la prisión. El proceso arranca con el trabajo del equipo técnico (integrado por especialistas en derecho, trabajo social, educación y psicología), que evalúa el caso y elabora un informe detallado. Este documento se eleva a la mesa de la junta, donde tienen representación la dirección de la cárcel, la subdirección de tratamiento, la subdirección médica y la jefatura de servicios. A través de una votación, estos responsables deciden esa clasificación inicial, un estado que será objeto de revisiones periódicas para evaluar su evolución entre rejas.

No obstante, como su estancia actual en Madrid tiene un carácter puramente provisional, la última palabra está en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este organismo estatal será el encargado de ratificar o corregir el dictamen de la junta y de determinar, en última instancia, a qué cárcel española será trasladado de forma definitiva para saldar los trece años y medio que le separan de la libertad.