Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos
NÓMINAS PÚBLICAS
Los documentos bancarios entre 2016 y 2019del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan un implacable sistema de recaudación sobre las nóminas públicas.
Las cifras
- 40.000€: El importe de los talones que drenaban de golpe los fondos del grupo municipal entre 2016 y 2019, engordadas por las “donaciones” de asesores y ediles.
- 3.720€: La asfixiante cantidad que actual coordinador de DO llegó a ingresar al partido en un solo mes. El sistema no perdonaba las festividades.
- 1.027.836€: Es la cantidad total de ingresos que la agencia antiblanqueo detectó en una de las cuentas personales de Jácome entre enero de 2019 y abril de 2024.
- 424.188€: El dinero que el regidor se transfirió a sí mismo directamente desde la cuenta de Democracia Ourensana en esos cinco años.
- 5.145€: La ruina en cinco meses. El dinero que un exasesor dijo haber perdido mediante “donaciones forzosas” a Jácome, con este ya como alcalde.
Los extractos bancarios del grupo municipal de Democracia Ourensana a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibía de su personal de confianza una tarifa fija mensual y se quedaba incluso con parte de la paga extra de Navidad de sus trabajadores ya antes de llegar al poder, con un posterior vaciado de las cuentas del partido vía cheque o pagos en concepto de comunicación. Así, la cuenta servía como un embudo del que desaparecían decenas de miles de euros en cheques al portador de hasta 40.000 euros y facturas para Auria TV, su canal privado.
Durante años, la sospecha sobre cómo el actual alcalde financiaba su partido, sostenía su televisión privada y engordaba su patrimonio personal fue un secreto a voces. Hoy, con el regidor cercado en los tribunales y enfrentándose a una petición de hasta once años y medio de cárcel, los documentos facilitados por el entorno de Jácome confirman el vaciado masivo de las cuentas del grupo municipal ya entre 2016 y 2019. Jácome no se financiaba con donaciones voluntarias de simpatizantes, sino que instauró un sistema implacable para succionar las nóminas públicas de sus concejales y asesores.
Sistema circular
Esta maquinaria de recaudación es el origen y la prehistoria de un sistema de economía circular que, según el Sepblac —la agencia antiblanqueo española—, solo entre 2019 y 2024 propició la entrada de más de un millón de euros en la cuenta personal del regidor, de los cuales más de 850.000 euros estaban al margen de su sueldo público como alcalde, pese a tener dedicación exclusiva. Los papeles explican así la huida de los ediles críticos en 2020, que ya entonces denunciaron el vaciado masivo de las cuentas del partido hacia el patrimonio personal de Jácome y la exigencia de mordidas al personal de confianza que cobra un salario público bien del Concello, bien de la Diputación.
Para entender la magnitud de la asfixia económica que ejercía sobre su equipo hay que situarse en el contexto de la época. En aquel mandato (2015-2019), Democracia Ourensana estaba en la oposición. Los sueldos que percibían sus cargos públicos eran, para un concejal con dedicación, algo más de 35.500 euros brutos anuales, y para los asesores, alrededor de 22.000. Sin embargo, una parte importante de ese dinero nunca llegaba a los bolsillos de quienes lo trabajaban, sino que retornaba obligatoriamente a la cuenta controlada por el líder.
La cuenta operaba como un embudo diseñado para acumular dinero público y vaciarlo después de golpe hacia intereses privados. Por un lado, el Concello ingresaba religiosamente 12.150 euros como asignación oficial al grupo político. Por otro, los asesores y ediles transferían cantidades fijas mensuales, calculadas al céntimo y coincidentes en la mayoría de los casos con los días de cobro de las administraciones.
Hasta 3.720 euros en un mes
El caso más sangrante que exponen los documentos a los que ha accedido este diario es el de Pablo Gavilán, coordinador de DO entonces y, de nuevo, coordinador del grupo ahora, cuyo peaje mensual para mantener la confianza del jefe oscilaba entre los 1.200 y 1.250 euros (en un mes de diciembre, mes de la extra, llegó a ingresar 3.720 euros, y en un mes de enero, hasta 2.500). Manuel Álvarez, entonces concejal y posteriormente uno de los líderes de los díscolos que abandonaron el partido, ingresaba una tarifa inamovible de 600 euros mensuales.
Por debajo de ellos existía una amplia base de trabajadores sujetos a una suerte de “impuesto revolucionario” mínimo de 200 euros al mes. Y es en esta lista donde asoma que entre los pagadores de esa cuota fija de 200 euros aparece el exconcejal Telmo Manuel Ucha. Es precisamente Ucha quien hoy ejerce la acusación particular contra Jácome, exigiendo que devuelva casi medio millón de euros a las arcas públicas.
Pagas extra incluidas
El nivel de asfixia era tal que el líder de DO no perdonaba ni las festividades. Los ingresos del asesor de DO en la Diputación Manuel Gutiérrez desmontan cualquier intento de disfrazar estos pagos como “aportaciones voluntarias al proyecto”. Gutiérrez tenía asignada una cuota fija de 522,33 euros mensuales. Sin embargo, en diciembre, los extractos marcan un ingreso inusual —al igual que los de Pablo Gavilán también en ese mes—, transfiriendo no su cuota, sino exactamente el doble: 1.044,66 euros. Jácome exigía también su parte del aguinaldo, obligando a sus trabajadores a entregarle la mitad de su paga extra de Navidad.
Destino Jácome
La segunda parte es el destino de los fondos. Con los 12.000 euros bimestrales del Concello y los miles de euros arrebatados a asesores y ediles, la cuenta debería haber amasado una fortuna. Pero el dinero desaparecía rápido. Los extractos evidencian hachazos brutales a través de cheques al portador: 30.987,50 euros el 11 de noviembre de 2016; otros 40.000 euros apenas 19 días después, el 30 de noviembre; y un nuevo cheque calcado de 40.000 euros el 16 de mayo de 2017.
Cuando no se vaciaban los depósitos con cheques, se usaban conceptos genéricos que, como el propio alcalde ha admitido en varias ocasiones, iban a parar a Auria TV, su canal privado. El 2 de julio de 2018 desaparecieron 30.000 euros bajo el concepto de “pago facturas de comunicación”. Un año antes habían volado otros 15.000 como “pago facturas”.
Toda esta radiografía documental explica el gran cisma político de 2020. Aquel año, hartos de la extorsión y convencidos de que el dinero público financiaba la vida privada del alcalde, más de la mitad de los concejales de Jácome —los llamados “díscolos”— abandonaron el gobierno denunciando prácticas que a otro político le habrían costado el puesto.
Un millón en cinco años
La contundencia de estos extractos bancarios previos a la llegada de Jácome a la Alcaldía cobra su verdadera dimensión al cruzarlos con el informe del Sepblac realizado a raíz de las investigaciones de la Fiscalía en 2024. Los documentos de la agencia antiblanqueo constatan que, una vez que alcanzó el poder, esa maquinaria de recaudación se sofisticó hasta alcanzar cotas mareantes. Como informó este diario hace apenas unos días, entre enero de 2019 y abril de 2024, Jácome ingresó en una de sus cuentas personales 1.027.836 euros. La acusación particular lo define como una “economía circular de extracción de fondos”: el dinero de las instituciones va al partido (engordado con las nóminas de eventuales o ediles), de ahí salta a Auria TV mediante facturas supuestamente simuladas, y finalmente aterriza en el bolsillo del alcalde.
"Expolio sistemático"
Las cifras de ese segundo tramo, con él ya como regidor, son abrumadoras y confirmarían el “expolio sistemático” que denuncia Ucha. Mientras el regidor cobró 236.924 euros por su nómina oficial del Concello en cinco años, se transfirió a sí mismo casi el doble (424.188 euros) directamente desde la cuenta del propio partido. El resultado es un enriquecimiento que choca frontalmente con la versión del alcalde ante el juez Leonardo Álvarez, a quien asegura manejar actividades residuales y dedicarse a la mera gestión de patrimonio familiar. Los datos de Hacienda desvelados por la acusación certifican un volumen de negocio superior a los 850.000 euros en un lustro.
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