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10,7 MILLONES
Jácome ha logrado pulverizar su propio récord fruto de su inacción. El Ministerio de Hacienda ha congelado en marzo por cuarto mes consecutivo los fondos estatales correspondientes al Concello de Ourense, elevando la cifra total inmovilizada a más de 10,7 millones de euros. La parálisis administrativa que define el mandato de del actual regidor sitúa a la tercera ciudad de Galicia no solo como la única gran urbe de España que sigue castigada sin recibir fondos estatales, sino que la convierte en el municipio que acapara la práctica totalidad del dinero que mantiene bloqueado el Estado a nivel nacional por ocultar información contable.
Según los datos de entregas a cuenta de marzo de 2026, publicados ayer por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la ciudad ouernsana monopoliza el volumen de las retenciones en España. Si se cruzan los datos de todos los ayuntamientos sancionados en el país -tanto en el modelo de cesión (ciudades) como en el régimen general (pequeños municipios)-, el Concello de Ourense representa el 86% % de los fondos retenidos, evidenciando el fracaso en la gestión económica municipal.
Mientras a Ourense se le han retenido en marzo 3.051.252,73, el resto de la lista de morosos administrativos está compuesta por pequeñas localidades, ya que el resto de ciudades españolas cumplen religiosamente con sus obligaciones con Hacienda. El siguiente municipio más afectado de toda España es Cubelles (Barcelona), con 339.972 euros retenidos, a años luz de las cifras ourensanas.
El listado de castigados que lidera con holgura la controvertida administración de Jácome lo completan pueblos y pequeños municipios sin recursos técnicos, llegando al extremo bochornoso de que Ourense comparte tabla con ayuntamientos como Illán de Vacas (Toledo) -tiene 8 habitantes-, al que Hacienda le retiene apenas 63 euros. A los 3,05 millones bloqueados este mes a Ourense, hay que sumar las penalizaciones ininterrumpidas que el Concello arrastra desde finales del año pasado por su incapacidad gestora: 2.377.877 euros en diciembre de 2025; 1.809.845 euros en enero de 2026 y 3.466.972 euros en febrero. En total, el Estado mantiene inmovilizados 10.705.947,68 euros de las entregas a cuenta al Concello, mucho más que al resto de ayuntamientos españoles juntos, que no llegan a dos millones retenidos.
El origen de este embargo radica en el incumplimiento del artículo 36 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que obliga a las entidades locales a entregar al ministerio la liquidación y las líneas fundamentales de sus presupuestos.
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