Otros 5 asesores de DO en el Concello, en el punto de mira por su desconocida actividad

Se trata de una solicitud presentada al Concello de Ourense por Telmo Ucha, el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana en el primer mandato de Jácome. En ella requiere información respecto a los nombramientos, y ceses en su caso, de cinco personas contratadas como personal eventual de Democracia Ourensana (DO). Un personal que corresponde tanto al actual mandato de Gonzalo Pérez Jácome como al anterior y del que se desconoce el detalle de su dedicación.

Este movimiento se sucede al realizado por el abogado Darío Diéguez en la Diputación, tamibién esta semana, éste con el objetivo de clarificar las funciones de otros cinco asesores de DO en esta institución.

"Cuáles son las funciones que desempeñaban o desempeñan, cual es el lugar de trabajo y su ubicación exacta"

Los empleados sobre los que se consulta al Concello son Laura Asunción Andrade Luces, Camilo Fernández Pacios, María del Carmen Monteiro Da Silva, Montserrat Lopez Merino y Alejandro Marco Costa López. En la solicitud se requiere concreción sobre las funciones, la asistencia a su puesto de trabajo y los horarios realizados y que "se informe a través del servicio de Recursos Humanos, cuáles son las funciones que desempeñaban o desempeñan, cual es el lugar de trabajo y la ubicación exacta en donde desempeñaban sus funciones así como su horario laboral". Tal como se argumenta en el escrito "sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan".

Asimismo, se recuerda lo que establece en este sentido el Consejo de Transparencia. "El interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal", apunta. La Ley de Transparencia es clara: el acceso a la información es la regla general y las limitaciones deben ser excepcionales, justificadas y proporcionadas. Ni siquiera es necesario motivar una solicitud de información cuando se trata de conocer cómo se gestionan fondos públicos.

Modelo de contratación "expareja de Ábalos"

Con la acreditación de funciones, horarios y asistencia lógica a su puesto de trabajo se acreditaría "que no se contrató irregularmente a personal que no realizó trabajo efectivo o no acudían a su lugar de trabajo porque si no estaríamos ante el mismo supuesto, que se cita en el escrito, de la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional respecto a la expareja del Ministro Ábalos", se recoge en la petición de información. Cabe recordar que la ex pareja de Ábalos fue contratada en varias empresas públicas sin acudir al puesto de trabajo.

En este caso la Fiscalía Anticorrupción, en línea con lo que ya había apreciado el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, vio "indicios bastantes de criminalidad" para iniciar una investigación, puesto que la propia pareja declaró que nunca llegó a trabajar realmente y reconoció que ni desempeñó función alguna, ni siquiera acudía a su puesto de trabajo, pero que sí cobraba su sueldo cada mes.

García Urbano contrató durante 46 días a una mujer con la que mantenía una relación íntima “a sabiendas” de que no iba a desempeñar ninguna actividad... el auto argumenta que dicha contratación fue una maniobra para que la acusada se apropiara de fondos públicos "sin contraprestación alguna"

Petición de cárcel para el contratado en falso

Otro antecedente es el que protagonizó el alcalde de Estepona, José María García Urbano, al que la Fiscalía de Marbella pide 5 añios y seis meses de prisión y 10 años de inhabilitación en cargo público por un delito de prevaricación y otro de malversación. El ministerio público considera que García Urbano contrató durante 46 días a una mujer con la que mantenía una relación íntima “a sabiendas” de que no iba a desempeñar ninguna actividad. Dicha mujer se contrató como personal eventual adscrito al Área de Control Externo, en este caso y el auto argumenta que dicha contratación fue una maniobra para que la acusada se apropiara de fondos públicos "sin contraprestación alguna".

Los fondos públicos percibidos por esta mujer conocida del alcalde de Estepona ascendió a un total de 5.276,92 euros correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2023. A ella se le considera "cooperadora necesaria del delito de malversación, por lo que la Fiscalía también pide para la mujer una pena de prisión de 3 años y 6 meses de prisión, así como 8 años de inhabilitación en cargo público.

Segundas explicaciones en una semana

El escrito presentado en el Concello por Telmo Ucha es el segundo en una semana. Una primera petición de información fue presentada en la Diputación de Ourense por el abogado Darío Diéguez, que solicitó información sobre la dedicación y desempeño de varios empleados vinculados al entorno político de Democracia Ourensana en la Diputación de Ourense. En este caso, los nombres de los trabajadores sobre los que se ha formulado la consulta son Zaida María Alejos Garrido, Emilia Martín Vázquez, María del Carmen Montero da Silva, Montserrat López Merino y Paulo Emanuel Martíns Mendes. 

En concreto, solicitó los decretos de nombramiento y cese de estas cinco personas que habrían sido designadas como personal eventual o asesores, así como un informe detallado del servicio de Recursos Humanos que precise con exactitud las funciones desempeñadas, horarios, lugar efectivo de trabajo y grado de dedicación.

El precedente de la expresidenta de ADIF

El escrito pone el ejemplo de la imputación de la expresidenta de ADIF, Pardo de Vera, por la contratación de una persona que, según las investigaciones judiciales, percibió un salario público sin desempeñar funciones reales. Un precedente que ha reforzado el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de los tribunales sobre la necesidad de acreditar el trabajo efectivo del personal contratado en administraciones públicas.

Sin afirmar que exista una situación idéntica, Diéguez advierte de que la opacidad y la falta de documentación clara sobre el desempeño del personal eventual en la Diputación obliga a extremar el control y la fiscalización.