Filtraciones

La condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos relacionados con el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una sentencia que está en revisión por el Tribunal Constitucional quizá tenga un efecto positivo a la hora de valorar esas filtraciones que hasta ahora han sido consideradas como algo habitual y que ha servido para la puesta en marcha de los juicios paralelos de carácter mediático , lo que da pie a que se ponga en cuestión la presunción de inocencia de quien se debe preservar el anonimato. La sentencia del Supremo cuenta con el voto particular de las dos magistradas progresistas que formaban la sala que no vieron la revelación de secretos porque los datos habían sido desvelados previamente por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Una actriz de cierta relevancia ha decidido no ratificar la denuncia que había interpuesto contra el exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por el temor a que se filtrara su nombre, a pesar de que había solicitado la consideración de testigo protegido, porque estaba segura de que su nombre sería conocido en el momento en el que las diligencias se abrieran y salieran del juzgado. También el nombre de la policía que denunció su violación por el exjefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, José Ángel Jiménez, comenzó a circular poco después de conocerse los hechos, y el temor al conocimiento público de sus circunstancias es lo que inhibe a muchas mujeres de presentar denuncia después de haber sufrido abusos sexuales. Y si esto,ocurre en el ámbito judicial, la revelación de nombres, direcciones, situación personal o profesional de multitud de personas con efectos perjudiciales de todo tipo desde los físicos a los mentales se desbordan cuando se trata de las redes sociales, lo que obliga en determinados casos a que la policía deba establecer servicios de vigilancia ante amenazas físicas que van de la violación a la muerte.

La segunda fase de ese intento no le ha salido tan bien y le llevará como, investigado ante una jueza de Madrid por la misma causa, revelación de secretos

Si la operación de Miguel Ángel Rodríguez para salvar a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso y de llevar p’alante al ex fiscal general del Estado tuvo éxito, la segunda fase de ese intento no le ha salido tan bien y le llevará como, investigado ante una jueza de Madrid por la misma causa, revelación de secretos, al desvelar el nombre de dos periodista de El País que trataban de averiguar si la pareja estaba realizando obras ilegales en el piso y ático een el que residían y cuya compra se ha relacionado con el pelotazo de la venta de mascarillas durante la pandemia y la presunta defraudación fiscal subsiguiente que él mismo reconoció para llegar a un acuerdo de conformidad con la fiscalía y eludir la cárcel. Miguel Ángel Rodríguez (MAR) es ahora el alguacil alguacilado, por órden de la Audiencia Provincial de Madrid que ha reconvenido a la jueza que en un primer momento le exoneró, para que le tenga por investigado y le tome declaración sobre el procedimiento por el que se hizo con el nombre de esos dos periodistas que fueron identificados por los escoltas de la presidenta madrileña, y cuyos nombres no tenía por qué conocer y mucho menos difundir.

Aunque es mucho presuponer, si MAR fuera condenado lo sería a la misma pena de inhabilitación para ejercer cargo público que García Ortíz y tendría que dejar la asesoría de Ayuso, aunque para ese momento tendrían que pasar varios años y las decisiones de distintos tribunales. Pero es una buena noticia que estos comiencen a tomarse en serio la obligación de evitar filtraciones de datos de los sumarios cuando se pone en riesgo la identidad, la seguridad y los derechos, del honor a la privacidad y la seguridad jurídica, de quienes acuden a los juzgados.