Jácome convierte a Ourense en líder de morosidad al pagar con 99 días de retraso

El inicio de 2025 sigue sin cambiar las dinámicas en la gestión económica del Concello de Ourense. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda esta semana, se cronifica la morosidad del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome a la hora de pagar las facturas por los servicios y obras que contrata.

Así, a cierre del mes de febrero, según el organismo estatal, Ourense volvió a situarse como la segunda capital de provincia más morosa de España, con 99,8 días de demora media para el pago de facturas, solo por detrás de Jaén, si bien está cada vez más cerca de convertirse en la más morosa del país, ya que la capital jiennense ha marcado, con 245 días de retraso medio, marcó mejor cifra en ocho años, con una tendencia claramente descendente.

En mayo de 2023 el Consistorio jiennense alcanzó el techo del periodo medio de pago a proveedores, con 650 días, con lo que el plazo se ha reducido desde entonces en casi dos tercios. Una tendencia contraria a la ciudad de As Burgas.

Los datos de Hacienda reflejan esta preocupante situación de Ourense, que debía a finales de febrero 9,75 millones de euros en facturas pendientes de pago, casi la misma cifra que las ciudades de A Coruña y Vigo juntas, que, en conjunto, tienen seis veces más habitantes.

La evolución en la morosidad municipal es muy preocupante. Si ahora, en febrero de 2025 el retraso ascendía a 100 días, el año pasado a estas alturas era de 89 días, en 2023 era de 66 días, en 2022 era de 56 jornadas y en 2021, cuando aún estaba el PP en el gobierno local, de 32 días.

A nivel gallego, tras Ourense se sitúan en el ranquin de morosidad Santiago de Compostela (58 días de retraso en el pago a proveedores), A Coruña (34,3), Pontevedra (33,4), Lugo (11) y Vigo (6 días).

El cada vez más grande retraso en el pago de facturas está provocando un efecto muy importante en las arcas económicas, debido a la necesidad de pagar con elevados intereses cuando finalmente se formaliza el abono de las mismas. Todo ello, por supuesto, a cargo del contribuyente. Contrasta esta gestión con la eficacia de la urbe más grande de Galicia, Vigo, que en ese último mes auditado por Hacienda, logró pagar en solo seis días.

A esta anómala situación se suma que el Concello empezó el año con 10,14 millones de euros en facturas sin tramitar por obras y servicios prestados, pero que carecen de partida presupuestaria para poder ser abonadas, lo que en el argot político se denominan “facturas en el cajón”, y que se acumulan en la cuenta 413 como “deuda oculta”.