A juicio un funcionario de Xinzo por un alijo de droga valorado en más de 300.000 euros

La investigación por el violento asalto a una vivienda de Vilameá en enero de 2025, en Lobios, terminó llevando a la Guardia Civil hasta Jorge Luis G.Y., empleado público del Concello de Xinzo, y a los exhaustivos registros de sus domicilios y de su propio puesto de trabajo en el consistorio. En las entradas practicadas el 19 de febrero de 2025 fueron intervenidas sustancias que, según la Fiscalía, sumaban 1.824,699 gramos netos de cocaína y 1.008,93 gramos puros de MDMA, con un valor en el mercado ilícito de 303.019,16 euros.

La vertiente de esta causa por el alijo de drogas y las armas ilegales intervenidas llega este jueves a la Audiencia de Ourense para la celebración de la vista preliminar, con el inculpado en prisión provisional. El Ministerio Público solicita para el acusado diez años y cinco meses de prisión -siete años y medio por un delito contra la salud pública y el resto por tenencia ilícita de armas y armas prohibidas- junto a una multa de 909.057,48 euros.

Por su parte, el juicio por el robo violento al constructor de Lobios se celebrará en la Sección Penal en octubre (días 5 y 6), un procedimiento con cinco investigados en el que la Fiscalía reclama un total de 70 años de cárcel por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia y lesiones.

El origen de esta compleja trama se gestó a raíz del chivatazo de uno de los investigados, un individuo apodado ‘Sáhara’. Este alertó a la banda de que un constructor de Vilameá guardaba unos 150.000 euros en efectivo en la oficina de su casa tras cobrar una obra. Tras varias reuniones preparatorias en la localidad portuguesa de Chaves y viajes de reconocimiento, el asalto se ejecutó la madrugada del 20 de enero. Los ladridos de los perros alertaron al propietario, que salió con una linterna hacia el garaje oscuro, donde tres encapuchados se abalanzaron sobre él.

 El cerebro del asalto

Tras un violento forcejeo en el que la víctima opuso gran resistencia, lo ataron y lo molieron a golpes. Mientras los intrusos registraban la vivienda en busca del botín, la esposa del constructor se despertó; uno de los asaltantes le tapó la cara con una almohada para evitar ser reconocido, pero los gritos de la mujer precipitaron la huida de los atracadores con 6.000 euros, relojes y algunas joyas.

La Guardia Civil situó al informático municipal en el centro de la operativa. Aunque no acudió al lugar de los hechos, coordinó los movimientos a distancia. Los asaltantes llegaron a telefonearle en pleno robo porque se habían perdido en la ruta y para preguntarle dónde apostar al miembro que hacía de vigilante, a lo que Jorge Luis respondió indicando que se situara junto al puente del embalse. Además, el rastreo de mensajes encriptados a través de la aplicación Signal desveló las frías instrucciones del empleado público para presionar a las víctimas: “Apretar al viejo, diles que le hacéis daño a la señora... usad a la vieja”.

 Traición mutua

La paranoia acabó resquebrajando la red criminal. Sintiéndose seguido por patrullas policiales, Jorge Luis instaló cámaras de seguridad en su vivienda y decidió dar el primer paso. Tirando de contactos, llamó a un antiguo capitán de la Policía Judicial y confesó voluntariamente el 1 de febrero, entregando la escopeta recortada sustraída y delatando a sus compinches. Pero la jugada se le volvió en contra: al ser detenido semanas después, su cómplice Petrica contraatacó ante la jueza y lo hundió, señalándolo como el verdadero “cerebro” organizador que se quedó con las joyas de oro robadas.

Esta traición mutua destapó una doble vida insospechada. El enorme alijo de drogas apareció escondido en los armarios de la casa, con paquetes de cocaína de un kilo camuflados incluso dentro de calzoncillos. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de un arsenal digno de un grupo paramilitar y un taller clandestino de armamento.

Arsenal

Aunque el informático poseía el grueso de las armas largas amparado legalmente por sus licencias deportivas y de caza, los agentes descubrieron el armamento ilícito que fundamenta la acusación fiscal: un revólver de avancarga sin registrar y una navaja automática Infidel. El espectacular inventario incautado incluía además un rifle de asalto Ruger AR-556 (calibre 300 BLK) con cargadores prohibidos de 30 cartuchos, pistolas Smith & Wesson, escopetas, cientos de balas que excedían los cupos legales, y un despiece masivo de armas fantasma (armazones sin número de serie y cañones sueltos). Todo ello junto a material táctico: visores térmicos y nocturnos, un inhibidor de frecuencia de cuatro antenas, cámaras endoscópicas y un dispositivo de hackeo Flipper.

 Confesión y drogadicción

Frente a este cúmulo de indicios, la defensa, ejercida por el letrado ourensano Luis Salgado Carbajales, cuestiona la validez legal de los registros efectuados por la Guardia Civil, “porque se realizaron en base a una actuación prospectiva” y hace valer “las atenuantes de confesión del inculpado, ya que él les indicó que tenía armas y drogas en casa antes de que lo detuviesen, y la drogadicción que sufría el procesado en el momento de los hechos”.