La Justicia condena la gestión de Jácome y sentencia que puso en riesgo a la Policía Local

Los varapalos en la gestión de personal en el Concello de Ourense se suceden. El Juzgado de lo Social número 1 acaba de emitir un fallo que condena al Concello por poner en una situación de “riesgo relevante” a los agentes de la Policía Local, vulnerando con ello su derecho fundamental a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 15 de la Constitución. La sentencia, fechada este 11 de septiembre, es la culminación de un proceso que los agentes iniciaron en marzo.

El fallo, que culmina un proceso iniciado por la demanda de 62 efectivos del cuerpo, ve una negligencia continuada en medios, formación y protocolos, y acusa al Concello de vulnerar los derechos fundamentales de los funcionarios. La sentencia estima parcialmente la demanda de los trabajadores y concluye que se vulneró el derecho fundamental a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 15 de la Constitución.

Incumplimientos

El argumento central del juez difiere de la línea principal de defensa del Concello, que alegaba que no se había acreditado un daño concreto en ninguno de los agentes, aunque rebaja las pretensiones de los agentes por esta misma causa. El magistrado replica recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “Para que se produzca la vulneración del artículo 15 de la Constitución (...) no requiere la existencia de una lesión efectiva”. Y concluye que las infracciones cometidas por el Concello son “suficientemente relevantes como para considerar vulnerado su derecho”.

Basándose en esa doctrina, el fallo detalla un rosario de incumplimientos. En primer lugar, la falta de protocolos de actuación, afeando al Concello no solo no haber elaborado procedimientos para prácticas de tiro o intervenciones conjuntas, sino la tardanza en aprobar otros esenciales, como los de accidentes o incendios, que vieron la luz “con posterioridad a la presentación de la demanda”. Critica, además, su implementación, al considerar que no basta con publicarlos en una plataforma informática, pues es “deber inexcusable el ponerlos en conocimiento de los trabajadores”.

Otro pilar de la condena es la falta de formación. El fallo es tajante al afirmar que “el demandado no ha acreditado que (...) se haya dado formación suficiente en las materias que exige el Plan de Prevención de Risgos Laborais”. La sentencia es igualmente dura con la gestión del material, considerando un incumplimiento flagrante que escudos y cascos no estén en los vehículos patrulla. Califica las excusas del Concello -”que no caben en los coches o se deterioran”- como argumentos que “no son de recibo, pues lo relevante es la protección de la salud de los trabajadores”.

"...calificando estas acciones de “tendentes a disfrazar los múltiples incumplimientos”.

Por todo ello, el magistrado califica la conducta del Concello como infracción muy grave, pero condena al Concello a abonar solo 1.000 euros a cada demandante, al estimar que la sanción base es de 109.000 euros, prorrateado por cada uno de los 109 trabajadores, porque “no se ha producido ningún daño concreto y específico”, rebajando así las pretensiones iniciales de los agentes, que pedían casi 150.000 euros por cabeza. Cabe recurso ante el TSXG.

La tensión del juicio

Durante la vista judicial del pasado mayo, el letrado de los policías, Alejandro Gil Murillo, explicó que “una vez que interpusimos la demanda se incrementaron de buenas a primeras los protocolos”, denunció, calificando estas acciones de “tendentes a disfrazar los múltiples incumplimientos”. La sesión recogió testimonios como el de un agente que declaró que se realizan “servicios en solitario” o que “tenemos compañeros que andan con el uniforme de otro concello”. El abogado fue más allá, y acusó al gobierno de Jácome de tomar medidas de “castigo y represión” contra los demandantes, como traslados forzosos o expedientes disciplinarios.