Policías locales de Ourense reclaman al Concello más de 8 millones

Un total de 59 policias locales han demandado al Concello de Ourense por el incumplimiento sistemático de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, reclamándole daños y perjuicios por más de ocho millones de euros. Al respecto, señalan que no se han puesto a su disposición elementos de protección individual ante la falta de accesibilidad a pistolas táser, cascos, escudos o pinchos para controles de tráfico. De hecho, apuntan a que algunos de estos medios de protección están guardados bajo llave en una sala, por lo que no pueden acceder a ellos.

En este sentido, en la reclamación se recoge el aumento de los accidentes laborales entre 2019 y 2023, coincidiendo con denuncias presentadas por la falta de material. Uno de los casos que apuntan para ejemplificar la falta de recursos es lo sucedido, por ejemplo, la noche del 28 al 29 de diciembre de 2024. Ese día, indica el escrito, policías locales tuvieron que identificar a una persona que había amenazado con una navaja a otros, pero acudieron desprotegidos, ya que los escudos de protección estaban encerrados en un armario.

Otro de los ejemplos que aportan sobre la escasez de medios es la falta de un sistema de manos libres para los agentes que circulan en motocicleta, los cuales, indican, tienen que quitar las manos del manillar para accionar las comunicaciones con el peligro que ello conlleva, aunque, según fuentes de la Policía, se han comprado cinco cascos con comunicador que irán sustituyendo al dispositivo actual.

Sin fecha de juicio

La demanda la presentó en representación de los agentes de Policía el abogado Alejandro Gil Murillo, del despacho Maio Legal, en Vigo, aunque todavía no hay fecha de juicio. Esta acción colectiva se presenta por la vía judicial después de haber sido ganada una causa similar por agentes de la Policía Local de O Barco.

Cifran en al menos 80 el número de policías locales afectados por los perjuicios contenidos en la demanda presentada

En el escrito, critican la falta de evaluaciones, formación o información acerca de la protección ante los riesgos psicosociales. Asimismo, también destacan la ausencia de procedimientos para las actuaciones, estableciendo las medidas de protección necesarias para cada una. Respecto a ello, los demandantes consideran que esta ausencia de protocolos también está tras el aumento de accidentes laborales.

Otro de los ámbitos en los que los agentes denuncian falta de medidas de protección es en las prácticas de tiro. En este sentido, reclaman la presencia de una ambulancia con personal sanitario durante la formación. Fuentes de la Comisaría señalan que la Policía lleva años haciendo cursos en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), tanto de tiro como para afrontar intervenciones terroristas o de control de masas y nunca se contó con ambulancia “ni con nada que se le parezca”. Pese a ello, recuerdan que en abril se reanudan las prácticas de tiro y se contará con una ambulancia, algo que ya se ha comunicado a la Inspección de Trabajo. La presencia de este recurso, recuerdan, no es habitual en los cursos impartidos por la AGASP en ningún punto de Galicia y destacan el importante coste económico que tendrá esta medida para el bolsillo del ciudadano.

En la demanda colectiva también se exige una protección especial para las policías que estén embarazadas o en periodo de lactancia. En materia de instalaciones, se quejan de que los policías no cuentan con dos taquillas para separar la ropa sucia de la limpia o la mojada de la seca, aumentando el riesgo de infecciones. También critican que el Concello lleve más de cuatro años sin renovar la uniformidad, incluyendo elementos de seguridad como botas o guantes.

En el escrito también se mencionan cinco procesos -2020 (2), 2021, 2022, 2024- de investigación llevados a cabo por Inspección de Trabajo sobre la falta de puesta a disposición de los equipos de protección. Como consecuencia de los mismos, señalan, se lanzaron distintos requerimientos al Concello y a los servicios pertinentes en materia de prevención laboral dándoles un plazo que no se llegó a cumplir.

Además, consideran que todo lo expuesto en la demanda colectiva, pese a estar promovida por 59 agentes, estiman que los perjuicios contenidos en ella han afectado directamente al menos a 80 agentes de la Policía Local. Por todo ello, solicitan que se condene al Concello de Ourense a pagar por daños y perjuicios unas indemnizaciones que superan los ocho millones de euros.