La Justicia tumba el cese de la tesorera a la que Jácome tachó de "tiquismiquis" y condena al Concello a su readmisión inmediata

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha estimado los recursos presentados por la funcionaria y por el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, ordenando la reincorporación inmediata a su puesto y el abono de todos los salarios y complementos dejados de percibir. El gobierno local, sin embargo, ya ha avanzado este mismo martes a través de un comunicado que no acatará el fallo de forma definitiva y presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La sentencia, dictada por la magistrada María Paz Rumbao, desmonta los argumentos esgrimidos en enero de 2024 por el Concello, que justificó el cese de la habilitada nacional alegando una supuesta "falta de idoneidad técnica y una actitud obstruccionista". El Consistorio argumentaba que la funcionaria bloqueaba la gestión económica al negarse a contabilizar actos y acuerdos. Sin embargo, la jueza concluye que el Concello no ha logrado acreditar ninguna merma en las cualidades profesionales de la tesorera, rebajando los incidentes a meras "discrepancias de carácter técnico" que surgieron en el desempeño de su labor de control.

El fallo judicial entra al detalle de los episodios que el gobierno de Jácome utilizó para armar el expediente de cese. Uno de los más llamativos fue el rechazo de la Tesorería a tramitar el reintegro de una subvención concedida por el Ministerio de Fomento. Desde el Concello se acusó a la funcionaria de aplicar un "formalismo extremo y absurdo" por negarse a abonar el dinero al considerar que el documento no incluía el NIF del ministerio, impidiendo identificar correctamente al destinatario. La jueza, avalada por un informe del Ministerio de Hacienda, da la razón a la tesorera recordando que la ley obliga a verificar la identidad de los interesados , y destaca que en este caso existía la necesidad de "extremar el celo en el cumplimiento de su función" tras detectarse errores previos en los decretos de la propia Concejalía de Hacienda.

La resolución también tumba la acusación de generar retrasos injustificados en la elaboración de la liquidación de los presupuestos anuales. La sentencia recoge la defensa de la funcionaria, quien probó que la demora no era producto de su ineficacia, sino de la falta de personal, ya que había solicitado en reiteradas ocasiones la cobertura de puestos vacantes en su departamento sin obtener respuesta. Además, la tesorera acreditó que recibía órdenes para contabilizar gastos presupuestarios fuera de los plazos legales.

Para la magistrada, apartar a una funcionaria que ocupa una posición institucional tan delicada requiere una motivación real y fundamentada. Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jueza advierte que la discrecionalidad del alcalde en los puestos de libre designación tiene límites, y exige evitar "expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto".

La sentencia subraya que los criterios técnicos de la tesorera contaban con base legal y sugiere que, ante los roces en la tramitación administrativa, el Concello de Ourense debería haber valorado una reorganización de las funciones asignadas a sus altos funcionarios en lugar de optar por el cese de quien discrepaba.

Tras conocerse el fallo judicial, que impone al Concello el pago de las costas procesales con un límite de 500 euros, el gobierno municipal ha emitido una nota de prensa confirmando la recepción de la sentencia. En el escueto comunicado, el Consistorio reconoce el mandato de reincorporación inmediata y la restitución económica, pero anuncia de manera tajante su decisión de elevar el caso al TSXG mediante un recurso de apelación.

"Es una tiquismiquis"

La batalla judicial que acaba de darle la razón a la tesorera municipal tiene su origen en la recta final de 2023, en medio de una profunda crisis en la gestión económica del Concello. Todo estalló públicamente en un pleno extraordinario bronco y tenso celebrado a mediados de septiembre de ese año. El gobierno de Jácome intentaba sacar adelante modificaciones de crédito por valor de más de 15 millones de euros para poder pagar, entre otras deudas, las facturas atrasadas a proveedores que se acumulaban en los cajones.

Ante las quejas unánimes de la oposición, que denunciaba demoras inasumibles en los pagos, el alcalde decidió sacudirse la responsabilidad y culpar públicamente a los trabajadores municipales. Argumentando que la maquinaria del Concello estaba oxidada, Jácome cargó contra el "sistema funcionarial" y apuntó directamente a la tesorera, que ocupaba su plaza desde el año 2018.

Fue entonces cuando el regidor pronunció la frase que bautizó la polémica: "La tesorera ralentiza todo, es muy tiquismiquis, más que un notario", llegó a verbalizar el alcalde ante la corporación, avanzando que, aunque no podía despedirla porque sí, iba a proceder a su relevo. En aquella misma sesión, Jácome también arremetió contra el interventor municipal acusándolo de "negligente" al no leerse los expedientes, unos reproches que acabaron en una sentencia que condenaba al regidor por acoso laboral.

La amenaza vertida en el pleno de septiembre se materializó en enero de 2024, cuando el alcalde firmó el decreto para apartar a la tesorera de su puesto y reubicarla como viceinterventora. Para consumar la destitución, el regidor tuvo que ignorar por completo un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda. Este documento estatal ya advertía de que la decisión de Jácome era injustificada, dado que no existían errores técnicos, sino una actuación formal ajustada a la normativa vigente.

La funcionaria, por su parte, se defendió desde el primer momento de la etiqueta de "tiquismiquis" y de las acusaciones de obstruccionismo. En sus alegaciones para frenar el cese, la técnica municipal dejó por escrito que el verdadero motivo de la pérdida de confianza era su negativa a mirar hacia otro lado, recordando al alcalde que no tramitaba los pagos porque el gobierno local contrataba sin el crédito presupuestario suficiente para respaldar el gasto. Fue ese choque entre el rigor legal y la urgencia política lo que originó un cese que, más de dos años después, la Justicia ha declarado nulo.