Una mayoría absoluta encubierta para Jácome en el Concello de Ourense

La aprobación inicial del presupuesto del Concello de Ourense para 2025 abre una controversia que trasciende las cifras: los cambios introducidos en las Bases de Ejecución. Estas normas, que definen todos los trámites de gestión del dinero público y son el “libro de instrucións” del presupuesto, son calificadas por la oposición como la “madre del cordero”, al considerar que abren la puerta a un control discrecional del alcalde, un punto de vista con el que coincide el interventor municipal en sus informes y ratificó este lunes en el pleno.

Estas bases de ejecución llevan el modelo del Concello a una “fiscalización limitada” y no “plena”, como hasta ahora. Esto implica que se revisarán solo algunos aspectos específicos de los gastos, frente a la exhaustiva fiscalización previa, permitiendo a Jácome operar al margen del pleno y los técnicos en diferentes procesos e incluso cambiar la finalidad de los gastos. Con estas nuevas normas, será posible modificar el destino de inversiones aprobadas en el Pleno, que los concejales delegados certifiquen obras sin el aval técnico, o eliminar requisitos previos en la contratación.

El gobierno local justifica estos cambios, en voz de la concejala de Facenda, Tamara Silva, en que así “reduciranse trámites, carga burocrática, axilizaranse tempos e optimizaranse recursos”. Silva insiste en que este nuevo modelo de “fiscalización limitada” es lo “normal en grandes ciudades” y niega rotundamente que las bases concedan total libertad al alcalde para hacer “lo que le dé la gana”. Subraya que no es cierto que al incorporar al ejercicio siguiente partidas aprobadas en modificación de crédito en el último trimestre, el alcalde pueda modificar su destino discrecionalmente, algo que sostienen Intervención y BNG.

El interventor, Gonzalo Alonso, quien lamentó no haber tenido acceso al expediente presupuestario completo pese a ser el órgano que “debe xestionar o control”, confirmó que las nuevas bases eliminan una limitación previa: antes, la modificación de la finalidad de partidas ya aprobadas por el Pleno y arrastradas a ejercicios siguientes “estaba vedada” para el alcalde y requería una nueva votación plenaria. Ahora, esa restricción desaparece, otorgando al alcalde la potestad de redirigir esos fondos mediante mecanismos como transferencias de crédito sin volver al Pleno.

Francisco Cacharro, secretario del Pleno y hasta hace unos días coordinador y técnico de cabecera de Alcaldía, también intervino para defender la modificación que él mismo redactó, ya que solo busca “restaurar el orden legal” del reparto de competencias establecido por ley, argumentando que la base anterior era de “dudosa” legalidad. Jácome también defiende el cambio que le da más poder: “Vamos a estandarizar con el resto de España, sin fiscalización plena. Esto va a dar más agilidad”.

Y el BNG alerta que estas modificaciones darán a Jácome “a chave para facer e desfacer ao seu antollo, sen apenas control nin fiscalización”, transformando la administración en “cada vez máis Jolper e menos Concello”.

Dicotomía

Mientras el gobierno local habla de “restaurar el orden legal” y “más agilidad”, la oposición y los informes técnicos alertan sobre una peligrosa merma de control. Por mucho que Jácome y Silva justifiquen estos cambios en la “estandarización” o en la búsqueda de “más agilidad”, la realidad es que esta “restauración del orden legal” se traduce, de forma muy conveniente, en una libertad de movimientos financieros para Jácome antes impensable. Una estrategia que parece diseñada para blindar la capacidad del regidor de decidir el destino final del dinero público con una fiscalización reducida y un control político menor. El PP, por si acaso, ya marcó distancias el lunes: si Jácome no acaba gastando donde ellos acordaron, la culpa será de él.