Minera de Rocas, un referente del granito que lucha por sobrevivir a la burocracia

Trabajadores de la empresa Minera de Rocas, acompañados por representantes sindicales, se concentraron este viernes ante la sede de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) en Ourense. Allí reclamaron al organismo una resolución sobre el expediente de la compañía, cuya paralización administrativa afecta al empleo de más de 40 familias de la zona.

Fundada en 1989, la compañía señera del sector extractivo ourensano, con sede en Melón, ha logrado blindar su competitividad en el mercado global de la piedra natural. Tras superar un concurso de acreedores en el año 2020, la empresa cambió de propiedad y mantiene actualmente la Certificación en Minería Sostenible, la norma ISO 14001 y la etiqueta europea Ecolabel. La firma combina hoy una producción anual superior a los 30.000 metros cúbicos con una ambiciosa estrategia de modernización tecnológica.

Bajo la gestión de su nueva propiedad, la entidad ha sabido transformar las vicisitudes históricas del sector en una ventaja competitiva basada nítidamente en la fiabilidad del suministro y la excelencia técnica de sus variedades graníticas.

Las claves del conflicto

El origen de la movilización se sitúa en la tramitación de los permisos de la actividad de la planta. En 2011, la CHMS concedió a la empresa una autorización de vertido. Siete años más tarde, personal de la empresa Tragsatec, subcontratada por la Confederación, reportó la localización de un presunto arroyo innominado seco en el área. Tras este reporte, el organismo declaró en 2021 la caducidad de la autorización original, lo que obligó a la compañía a reiniciar el procedimiento.

Para dar continuidad a la actividad, la empresa presentó una nueva solicitud en enero de 2023 siguiendo las directrices de los técnicos de la CHMS. Los representantes sindicales señalan que, casi cuatro años después de la presentación de esta nueva documentación, el expediente continúa bloqueado y sin resolución.

Es por ello que las organizaciones sindicales CIG y UGT reclaman una resolución inmediata del permiso de vertido para garantizar la viabilidad de la planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo.