El negocio de la esclavitud sexual: medio millón de euros al año tras un falso "personal shopper"

Siete personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense acusadas de integrar una red criminal que, desde al menos el año 2019, explotaba sexualmente a mujeres en Ourense y traficaba con estupefacientes.

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense acaba de dictar un nuevo auto de procesamiento contra el presunto cabecilla, Cristian Felipe O.G., sus padres y otros cuatro colaboradores. El sumario incorpora un informe pericial económico para intentar desmontar la tapadera de la organización: el líder blanqueaba presuntamente cerca de 200.000 euros anuales de la prostitución simulando ser un asistente personal.

Subvención

Sobre el papel, el negocio de la red tenía una actividad declarada, un epígrafe fiscal y una contabilidad. Cristian Felipe se dio de alta como autónomo el 5 de septiembre de 2020 bajo el epígrafe de “otros servicios profesionales no comprendidos en otros puntos”. Cuatro días después, al solicitar una subvención de la Xunta para la promoción del empleo autónomo, describió su trabajo como el de asistente personal, asistente en viajes y personal shopper.

Sin embargo, el informe de un economista auditor, fechado el 25 de junio de 2026, concluye que los investigados crearon una contabilidad ficticia para lavar las ganancias ilícitas. El presunto cabecilla declaró ingresos de 6.033 euros en 2020; 31.092 en 2021 y 34.037 en 2022.

En esos libros contables no figuraba ningún cliente identificado ni aparecían gastos habituales en la asistencia de viajes (desplazamientos, alojamientos o telefonía). El contraste más evidente era que la principal partida correspondía a MUBA Online SL, con 13.616,60 euros, pagos relacionados con la publicación de anuncios de carácter sexual.

Extrapolando las cantidades que Cristian comentaba en conversaciones telefónicas intervenidas en octubre de 2022, el perito calcula que la red obtenía un beneficio de entre 152.533 y 194.133 euros anuales, reteniendo un 40% de lo que generaba cada mujer (parte de que había cuatro en el piso de Bohome).

En el periodo analizado, los beneficios ilícitos oscilarían entre los 370.656 y los 471.744 euros, blanqueados a través de facturas irregulares y contratos de alquiler falsos.

Multas por llegar tarde

No obstante, el juez instructor estima que el entramado podría mover en torno a 540.000 euros al año. Al tener la visión completa de toda la instrucción penal, abarca todo el volumen de negocio ilícito del entramado. Ese monto no solo incluye el porcentaje por la prostitución, sino también el dinero generado por el cobro de deudas a las víctimas (les exigían 3.000 euros por el billete de avión); las multas económicas (por desobedecer o llegar tarde del supermercado) y, sobre todo, el tráfico de drogas (cocaína y pastillas vigorizantes), que, según las mujeres, vendían tanto a los clientes como a terceras personas que acudían a los pisos solo a comprar estupefacientes.

Explotación 24 horas

Para sostener este entramado económico, la red imponía un régimen de terror detallado en el auto de conclusión de sumario. Los procesados captaban a mujeres sudamericanas vulnerables y costeaban su viaje a España. Al llegar, las víctimas contraían una deuda de 3.000 euros por el billete que debían saldar ejerciendo la prostitución en dos domicilios de Ourense (en las calles Bonhome y Vasco Díaz Tanco).

Según la instrucción, las mujeres trabajaban casi 24 horas diarias sin descanso, sufrían la retirada de sus pasaportes y eran controladas con cámaras de vigilancia. Si tardaban demasiado en ir al supermercado, les imponía multas económicas.

Además, la organización, que también vendía estupefacientes y fármacos vigorizantes a terceros, coaccionaba a las víctimas para que consumieran la cocaína que ellos mismos les suministraban.

Junto a Cristian Felipe O. -acusado también de blanqueo de capitales-, el juez ha procesado a sus padres, Wilson Javier O.V. y Ana Mercedes G.V., supuestamente encargados de los traslados de mujeres ; a Yorlekis N. y Ginny Paola R., responsables de recaudar el dinero en los pisos; y a Andrés Mauricio M. G. y Pablo José P.O., que transportaban a las víctimas a hoteles bajo las órdenes del líder. Todos ellos se enfrentan a cargos por trata de seres humanos, prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.