Niegan la libertad a los dos detenidos por el piso de trata en Pardo Bazán

Nueve meses después de la redada efectuada por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Ourense en la calle Emilia Pardo Bazán que permitió desmantelar un piso dedicado presuntamente a la prostitución, los dos detenidos continúan en prisión mientras se les investiga por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación.

Pese a los múltiples intentos de su abogado de conseguir su excarcelación, la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión de la jueza de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, María Celeste Ameneiro, de mantener a Carlos O.C. y Adriana P.M. en prisión. Lo hacen al apreciar que existe riesgo de huida en caso de su puesta en libertad provisional.

El alto tribunal ourensano explica en un auto que la investigada tiene la doble nacionalidad española y venezolana, una circunstancia que facilitaría que se sustrayese a la acción de la Justicia. De hecho, las pesquisas permitieron determinar que la mujer realizó a este país viajes poco tiempo antes de su detención.

Capacidad económica

Por otra parte, la Audiencia Provincial señala su capacidad económica, al haber sufragado los gastos de los vuelos desde Venezuela de por lo menos ocho víctimas. Son mujeres vulnerables a las que, tras la operación policial, se les ha reconocido el estatuto de testigos protegidas. Precisamente, los magistrados también aluden a la salvaguardia de estas mujeres para mantener a la investigada en la cárcel, ya que conoce los datos personales de ellas.

El auto también señala que en la operación se hallaron 11.000 euros. Además de tener recursos para huir, los jueces apuntan a que no tiene bienes a su nombre en España y tampoco menores a su cargo que puedan disuadirla de una fuga. “Sin olvidar que la naturaleza organizada y frecuentemente transnacional de este tipo de ilícitos, facilita eventuales apoyos externos y posibilidades reales de eludir el proceso”, indica otro de los escritos.

Asimismo, los magistrados destacan el riesgo de destrucción de fuentes de prueba, ya que ella misma reconoció a los agentes que la detuvieron que arrojó en una papelera los móviles intervenidos. Por todo ello, continúan denegando la puesta en libertad de la investigada. En cuanto al otro detenido, Carlos O.C., los magistrados también aprecian riesgo de fuga. “Continúa siendo particularmente intenso”, aseguran.

En este sentido, aluden a que los delitos por los que se le investiga pueden tener una elevada condena, lo que supone “un poderoso incentivo para sustraerse a la acción de la Justicia”. En su caso, también destaca la posibilidad de que cuente con apoyos externos que le ayuden.

Cámaras y drogas

Los investigadores de la Policía Nacional los sitúan como las personas que gestionaban el piso de la avenida de Zamora que luego cambiaron por otro de la calle Emilia Pardo Bazán. En él, mujeres de origen venezolano presuntamente practicaban la prostitución en jornadas extenuantes. Fuentes conocedoras del caso explican que tenían que estar las 24 horas a disposición de los clientes.

Además, las víctimas estaban vigiladas al tener instalado el piso cámaras. Por otra parte, los agentes también encontraron indicios de que en la vivienda había consumo de drogas. De hecho, el auto habla de la posible comisión de un delito contra la salud pública.