Los peritos ven un “impacto grave” de la mina de Casaio

El juicio por la devastación ambiental de la empresa Cafinsa en los montes comunales de Casaio y su entorno queda visto para sentencia en la Audiencia Provincial. La segunda y última jornada, en la que declararon los agentes de la Guardia Civil testigos y diferentes peritos, escenificó un choque frontal entre los alegatos definitivos.

Mientras el Ministerio Público y la acusación particular mantuvieron su petición de seis años de cárcel para el padre e hijo acusados y una indemnización de más de 4,5 millones de euros, la defensa solicitó la libre absolución escudándose en la falta de pruebas químicas (al no haber análisis de agua, de calidad de aire o muestras de vertidos, además de la falta de evidencia de consecuencias directas en humanos) y en un baile de fechas sobre el inicio real de los destrozos: Fiscalía y acusación mantienen las fechas de explotación entre 2013 y 2018, algo respaldado en los informes permitrales de los peritos, mientras que la defensa mantiene que la actividad no comenzó hasta mediados del 2017, respaldándose incluso en los testimonios de los presidentes de las comunidades de montes, que reconocieron en la primera sesión no haber visto movimiento antes de esa fecha.

La prueba pericial fue determinante para la acusación. Los ingenieros y topógrafos confirmaron la existencia de un “impacto ambiental grave” provocado por el movimiento de tierras, la creación de grandes escombreras y la destrucción del arbolado. Según los informes, se invadieron casi 22 hectáreas tan solo en la zona de Casaio y cerca de una en la Sierra del Eje. Para los peritos, aunque la zona ya sufría los efectos de canteras de los setenta, las ortofotos demuestran un aumento drástico del daño de hasta el 200% entre 2014 y 2017.

En su informe definitivo, la Fiscalía censuró que Cafinsa operó “sin autorización ni permiso alguno” tras caducar su derecho en 2013. Además, desmontó la coartada de Bruno R.: “Cinco personas coinciden en señalarle como responsable, quien da órdenes no es un paseante”.

Por su parte, la defensa reiteró que Bruno R. era un socio minoritario, por lo que ven responsabilidades excesivas. Subrayó que no se debe “confundir un movimiento de tierra con delito medioambiental” y rechazó pagar una restauración por daños arrastrados durante décadas, que considera que no solo se pueden atribuir a la actividad de la empresa, según la defensa entre 2017 y 2018. Pidió, subsidiariamente, la atenuante de dilaciones indebidas, por un retraso en el proceso “de ya casi nueve años”.