Piden que la diócesis responda civilmente en una denuncia de violación

En el caso del cura que fue denunciado por sus dos sobrinas por un supuesto delito de agresión sexual continuada cuando eran menores de edad hay un recurso pendiente de resolución que puede añadir nuevos protagonistas al proceso.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, antes de elevar el sumario a la Audiencia de Ourense para su enjuiciamiento, tendrá que resolver la solicitud planteada por las acusaciones: las denunciantes y la Fiscalía creen que la Iglesia debería responder como responsable civil subsidiaria en caso de condena.

Si bien la instructora no lo contempló inicialmente en su auto de procesamiento, la acusación particular presentó un recurso de reforma para que la Diócesis de Ourense entre en el procedimiento. La Fiscalía, que ya lo había pedido durante la instrucción, se adhirió al recurso en base a los lugares en los que presuntamente se cometieron los hechos, el Seminario, y la supuesta falta de control por parte de la Iglesia. En caso de que la jueza así lo estime, tendría que hacerse cargo conjuntamente con el sacerdote de las indemnizaciones por las secuelas y el daño moral que se acredite. Entienden que el procesado es un sacerdote, asalariado de la Diócesis de Ourense, y los hechos denunciados se circunscriben al Seminario.

En caso de que la jueza no lo considere adecuado, a las acusaciones aún les queda la baza de la Audiencia provincial para recurrir en apelación.

El máximo órgano jurisdiccional ourensano ya se pronunció a finales de febrero de este año al desestimar el recurso de apelación presentado por la abogada del inculpado contra el auto de la instructora decretando el procesamiento de Francisco Manuel D.M.L. Esa auto allanaba el camino para sentarlo en el banquillo de los acusados por delitos muy graves y penados con hasta más de 20 años de cárcel (agresión sexual continuada, agravada por la edad de las víctimas).

Precisamente, la sala, a la hora de pronunciarse sobre el procesamiento, recordaba que las versiones de las jóvenes (hoy mayores de edad) contaban con informes periciales y clínicos que las respaldaban en cuanto a daños psíquicos sufridos compatibles con los hechos denunciados. El inculpado lo niega y cree que se trata de una denuncia por motivos económicos.

Instrucción 2 fue el juzgado encargado de la denuncia conjunta presentada por las hermanas en 2023 en la que ambas relataban abusos con acceso carnal. Pero hubo una primera denuncia en noviembre de 2019 cuando la mayor lo denunció por abusos desde que era niña hasta la adolescencia. El Juzgado de Instrucción 1 archivó la causa un año después porque había prescrito debido a que el plazo límite en los abusos se situaba en los diez años posteriores a que la víctima alcanzase la mayoría de edad.

La misma sobrina del sacerdote lo volvió a acusar aportando más información -en la primera querella solo hablaba de abusos y en esta también de agresiones sexuales- y se sumó también a la denuncia su hermana menor, quien confesó que había sufrido agresiones sexuales por parte de su tío desde que tenía ocho años. Ambos testimonios permitieron reabrir el caso.