El PP exige retirar el crédito de 11,4 millones en Ourense por las deficiencias detectadas por Intervención

El Grupo Municipal Popular en el Concello de Ourense ha solicitado la retirada del expediente de modificación presupuestaria 2P/2026, por un importe de 11.463.275,31 euros, con el objetivo de permitir un estudio exhaustivo, subsanar deficiencias e impulsar su debate previo en la Comisión de Pleno. La portavoz popular, Ana Méndez, ha dejado clara la posición de su formación al señalar que respaldan que los proveedores cobren, pero rechazan aprobar de urgencia un expediente que abarca 700 facturas sin que se hayan fiscalizado adecuadamente las advertencias de los técnicos.

Entre los motivos principales para reclamar el aplazamiento de la votación, el PP destaca que el expediente no ha sido dictaminado por la Comisión de Pleno competente, un trámite que el propio informe de la Intervención municipal califica de preceptivo. Asimismo, la portavocía advierte de que el informe del órgano fiscalizador detecta "palmarias insuficiencias" en la memoria del documento, al no explicar adecuadamente las razones por las que dichas facturas no fueron tramitadas en su momento ni su correcta vinculación con el marco económico-financiero.

Otra de las cuestiones señaladas por los populares es la presencia de 3.717.608,33 euros en la cuenta 413 correspondientes a facturas que, aun habiendo sido abonadas mediante el mecanismo estatal de financiación a proveedores, continúan pendientes de su correspondiente aplicación presupuestaria. Desde la formación reclaman saber qué ha ocurrido con esos fondos y exigen explicaciones detalladas sobre por qué no se reconocieron en el ejercicio correspondiente antes de someter la operación a la aprobación del Pleno.

Ana Méndez Gil ha subrayado que la exigencia de transparencia y trazabilidad busca proteger la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos, garantizando al mismo tiempo la protección de los contratistas con obligaciones válidas. La portavoz ha concluido asegurando que su grupo no se opone al cobro de las empresas, sino a las irregularidades del proceso, criticando que el regidor pretenda obtener un "cheque en blanco" para enmascarar las fallas de su gestión.