El parking de San Antonio pone en jaque a las arcas municipales de Ourense

El conflicto urbanístico en la Plaza de San Antonio de Ourense proyecta una sombra financiera sobre las arcas municipales del Concello de Ourense, que podría enfrentarse a un desembolso de alrededor de 15 millones de euros en concepto de indemnizaciones, una cifra considerable para una problemática que ha llegado a su punto álgido con el desalojo y cierre del parquin rotatorio de uso público esta semana y con la desestimación del recurso de los vecinos, que obligará al desalojo también de los que tienen plazas de uso privado.

Las puertas del parking rotatorio están ya completamente selladas, mientras crece la tensión entre los vecinos. Los residentes con plazas de uso privado, quienes todavía pueden utilizarlas hasta que el Concello ejecute el desalojo ordenado por la jueza, se han organizado y han recibido una tasación de alrededor de 30.000 euros por plaza.

Muchos de ellos las adquirieron en su día a la promotora de la urbanización de la zona, Hermanos Carrajo; otros se la compraron a particulares. Si el Concello les impide el uso de sus garajes, esta cifra, multiplicada por los 150 usuarios de plazas privadas, podría acarrear una indemnización de 4,5 millones de euros a asumir por las arcas públicas.

Otros montantes

Este montante se sumaría a otras dos importantes cantidades que también penden sobre el Concello. Por un lado, una indemnización superior a los 5 millones de euros que deberá pagarse a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por unos locales que compró en su día para oficinas y que nunca llegó a utilizar, una compensación ya refrendada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y una tercera vía de reclamación por parte de la empresa Parking Buenos Aires, que explotaba dos plantas de sótano. Estas fueron vendidas por la promotora original, Hermanos Carrajo, por 2,23 millones de euros en 2002. La empresa gestora del parquin podría reclamar indemnizaciones.

En total, la suma de estas tres patas de reclamaciones podría elevar la factura final para el Concello hasta alrededor los 15 millones de euros, si no se ejecuta una solución viable. Y es que la justicia ha dictaminado que el Concello recibirá la titularidad del aparcamiento ya construido, al estar en subsuelo público. A partir de ahí, los jurídicos municipales ya estudian sacar a concurso, vía concesión administrativa, la gestión del parquin rotatorio, y buscar una fórmula similar para que los propietarios de plazas privadas puedan seguir utilizándolas. Pero si no fueran en propiedad, el perjuicio sería significativo.