Tres investigados por un robo con violencia en un alpendre: la víctima acabó con los brazos rotos

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense investiga un robo con violencia ocurrido a finales de abril en un alpendre cerrado con pestillo en una finca ubicada en las proximidades de la ciudad, donde viven un hombre y una mujer.

La noche de los hechos él sintió ruidos, por lo que salió a ver qué pasaba. En ese momento, los tres investigados presuntamente aprovecharon para entrar de forma abrupta. Una vez en el interior, habrían agredido con un palo a la mujer en las piernas y en la parte superior, rompiéndole los brazos. Mientras, él sufrió agresiones de menor intensidad. El asalto se saldó con un botín de 100 euros y un teléfono móvil.

Las víctimas proporcionaron incluso datos personales de los ladrones, quienes fueron localizados escasas horas después. Los tres estaban juntos y los agentes le incautaron a uno de ellos justo100 euros y a otro un teléfono compatible con el robado. Para confirmar que era el mismo, preguntaron a la víctima el código de desbloqueo, el cual facilitó, coincidiendo con el del móvil.

Posible causa del robo

Las víctimas, que identificaron a los tres investigados como los autores del robo, ofrecieron a las autoridades la posible causa del robo. Admitieron su participación en actividades delictivas como es el caso del tráfico de drogas, de donde dimana una deuda reclamada que sería la detonante de lo sucedido.

Además, la mujer atribuyó a uno de los ladrones el rol de dirección y control, ya que presuntamente daba las órdenes a los otros dos investigados. En su caso, el juzgado instructor decretó su libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 400 metros y comunicar con ellas, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Sin embargo, la libertad provisional ha sido revocada por la Audiencia Provincial, quien le impone una medida más dura como es la prisión provisional. El auto aprecia que existe un riesgo de fuga debido a la nacionalidad extranjera del investigado y que sus medios de vida “no parecen desde luego lícitos”, ya que le constan dos detenciones recientes (junio de 2025 y enero de 2026) por tráfico de drogas.

Además, señala que es la única medida cautelar idónea para evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas. “Y ello dado que aquella deuda aparece como precursora de los hechos investigados, sin que las medidas cautelares de prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas se revelen suficientes en orden a evitar la reiteración de episodios similares habida cuenta de la violenta dinámica comisiva y además, en la morada misma de los agraviados en horas intempestivas”, señala la magistrada.

Por todo ello, decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado al que una de las víctimas atribuyó el rol de dirección y control. El auto es firme y no cabe recurso contra él.