La vecina que ganó al Concello de Ourense exige el cierre de los garajes de San Antonio

Quince años después de solicitar la primera revisión de las licencias urbanísticas, Cristina Rodríguez, la ourensana que inició en 2011 la cruzada legal contra la privatización del subsuelo de la Plaza de San Antonio, rompe su silencio. Lo hace en la semana más crítica para el Concello de Ourense en este conflicto, atrapado entre dos frentes ineludibles. Por un lado, la Justicia acaba de emitir un ultimátum de diez días para que la administración informe sobre los pasos dados para precintar definitivamente todos los garajes, un año después de ser firme la sentencia que declara público todo el subsuelo de la plaza.

Origen: “arbitrariedad”

La indignación, confiesa Rodríguez, fue el motor que la impulsó a ella y a su entorno a llevar el caso a los tribunales. Según explica, la chispa saltó al constatar la enorme “arbitrariedad” con la que actuaba la administración local. La denunciante conoce bien el sector, ya que empresas de su familia tienen terrenos en el polígono de As Lagoas, donde han tenido que batallar en los juzgados por “absolutamente cada centímetro” de suelo y subsuelo para dotar a sus proyectos de las plazas de garaje. Sin embargo, al observar la céntrica Plaza de San Antonio, descubrió que el Concello había permitido “barra libre”.

Rodríguez detalla que no solo se cedió ilegalmente un dominio público, sino que la empresa logró un ahorro económico “brutal”. “El promotor evitó construir las obligatorias rampas de acceso a los sótanos dentro de los propios edificios y, en su lugar, unificó todo el subsuelo de la plaza haciendo un solo espacio para el aparcamiento comercial y el vinculado a las viviendas”, detalla.

A pesar de que los tribunales llevan dándole la razón en sucesivas instancias y de que existe una sentencia firme desde junio de 2025 que obliga a recuperar el dominio público, la denunciante constata que, en la práctica, la actividad no ha cesado. Tal y como explica, ella y su abogado, Antonio Feijóo, decidieron esperar unos meses “de manera prudente” para no crear un trastorno inmediato y facilitar que el desalojo obligatorio de los sótanos fuese paulatino. Sin embargo, tras el supuesto cierre del aparcamiento rotatorio anunciado el verano pasado, han comprobado que “siguen entrando y saliendo coches constantemente”. Un informe municipal ratificó esta situación, confirmando que el subsuelo sigue operando bajo una modalidad de alquiler mediante lectores.

Ante un Concello que, según Cristina Rodríguez, “está escurriendo el bulto”, la paciencia se ha terminado. Esta vecina avanza que ya no darán más prórrogas y que solicitarán la ejecución forzosa “hasta las últimas consecuencias”, obligando a la administración a impedir físicamente el acceso de vehículos para acatar de una vez el mandato de los jueces.

Críticas a jácome

Cristina Rodríguez deja en evidencia la controvertida postura del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. La denunciante recuerda cómo, durante sus años en la oposición, el regidor “se hacía el máximo abanderado de esta causa”. Sin embargo, lamenta que ahora que ostenta el poder ha decidido “mirar para otro lado”, llegando al punto de “ordenar a los abogados municipales que se pongan en contra de nuestras pretensiones s de ejecución de la sentencia”.

Para despejar cualquier duda sobre sus motivaciones, Rodríguez enfatiza que han sido ella y su familia quienes han soportado en solitario el peso de este proceso durante quince años “sin obtener ningún beneficio” de esta lucha. De hecho, le ha costado patrimonio personal.