Dos vecinos en Celme, Rairiz de Veiga, y uno pide desterrar al otro: “Intentó matarme”
TENSIÓN EN LA ALDEA
Un vecino de Rairiz de Veiga se sienta en el banquillo acusado de amenazas y daños en un conflicto con su único convecino en la aldea de Celme
La España vaciada a veces se convierte en una prisión sin barrotes para quienes la habitan. En la aldea de Celme, en Rairiz de Veiga, solo quedan dos vecinos. Y uno de ellos desea con todas sus fuerzas que el otro se mude, hasta el punto de temer diariamente por su vida.
La Sección Penal juzgó ayer a Felipe C.F., un hombre que desde el 1 de agosto de 2025 se encuentra en prisión provisional por hacer de la vida de su único convecino, José, un infierno.
Los hechos que han sentado a Felipe en el banquillo se remontan al 30 de julio de 2025. Según el escrito de la Fiscalía, sobre las 20:00 horas, se dirigió a las inmediaciones de la casa de José portando un azadón en la mano, lo alzó con ánimo de atemorizarlo e intentó alcanzarlo, amenazando con matarle.
El testimonio de la víctima aportado en el juicio dibuja una escena angustiosa. Todo comenzó, según José, por salir en defensa de sus animales. Al ver que el acusado iba detrás de sus perros, le recriminó: “¿Qué daño te hicieron?”. La respuesta que obtuvo, según su relato, fue letal: “Los voy a matar y a ti también”.
José logró refugiarse en el interior de su vivienda justo a tiempo. “Cerré la puerta porque si no, me mata a mí”, declaró ante la jueza, ilustrando un clima de terror sostenido y recordando que el acusado también le advirtió que le quitaría la vida si no abandonaba el pueblo. Frustrado al no poder alcanzar a su víctima, el acusado comenzó a golpear la puerta metálica de la vivienda con el azadón. La furia del ataque dejó desperfectos tasados en 102,85 euros.
Esta agresión llueve sobre mojado. José denunció que la convivencia es absolutamente imposible, asegurando que Felipe no se relaciona “ni con él, ni con nadie”, recordando episodios anteriores como la destrucción de 300 tejas de su propiedad.
La gravedad del ataque del 30 de julio radica también en el atrevimiento del agresor frente a la justicia. Aquel día, Felipe estaba obligado a no salir de su casa. Sobre él pesaba una condena de 130 días de localización permanente por el impago de una multa previa de 1.560 euros dictada en enero de 2024. Solo podía salir los jueves. Guiado por el afán de atacar a su vecino, abandonó voluntariamente su encierro domiciliario, sostiene la Fiscalía.
La fiscal solicitó una pena de dos años de prisión por un delito de quebrantamiento de condena en concurso con amenazas no condicionales. Además, reclama la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 400 metros durante cinco años y el pago de 102,85 euros por los daños en la puerta.
La letrada de la víctima fue un paso más allá y reclamó un “destierro” de la aldea de Celme y sus alrededores, fijando el alejamiento en 30 kilómetros para garantizar la seguridad de su cliente, con penas por quebrantamiento, amenazas y daños.
La actitud del acusado en el juicio bordeó lo extravagante. Felipe optó por el silencio durante los interrogatorios, negándose a contestar a las preguntas de las partes. Sin embargo, no desaprovechó su derecho a la última palabra, transformando el final de la vista en un atípico mitin legalista. Sacando pecho de sus conocimientos jurídicos, denunció “dilaciones indebidas” e irregularidades en la instrucción, reprochando al juzgado no haber contestado a sus escritos. Negó ser el agresor, presentándose como la verdadera víctima, y tachó la petición de destierro de “ilegalidad”, recordando que su familia reside en la comarca. Además, aseguró que su vecino tiene “sus capacidades cognitivas mermadas por el abuso de alcohol”.
El broche de oro llegó al final de la sesión, cuando, conectado desde prisión, se despidió del tribunal con una cortesía insólita: “Nada más, les deseo que disfruten de una provechosa jornada”.
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