El "hackeo" de un millón de euros a la Diputación se cierra con un acusado

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha concluido la investigación sobre el ataque informático de la cuenta bancaria de la Diputación de Ourense en septiembre y octubre de de 2019. Así, ha ordenado seguir el procedimiento penal por si los hechos atribuidos al único investigado constituyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y daños.

El magistrado da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones (el ente provincial está personado) para que en diez días soliciten la apertura de juicio oral, el archivo del caso o, de forma excepcional, nuevas diligencias imprescindibles. El togado entiende que “se han practicado todas las diligencias necesarias para poder determinar cómo han ocurrido los hechos” presuntamente cometidos por el investigado, al que atribuye un total de siete indicios.

Entre ellos, destaca que el investigado, José Lucas C.B., es administrador único de la sociedad titular de la cuenta receptora de dos transferencias fraudulentas desde la Diputación, por 89.999 y 80.000 euros, un dinero que el ente provincial tenía destinado a subvenciones de entidades de la provincia como la Asociación de la Patata de A Limia. También se halló en su poder un resguardo de transferencia por 30.000 euros a una cuenta en Estonia.

El juez menciona, además de la documentación bancaria, informes periciales y policiales, así como el hecho de que el investigado acudiera al banco para solicitar un reintegro, informarse sobre el bloqueo de su cuenta y el retroceso de una transferencia. El auto no es firme y puede ser recurrido.

Detenido en Gran Canaria

El hackeo a la institución conllevó a la detención en noviembre del presunto responsable, José Lucas C.B., representante en Europa del fondo de inversiones HMK Holding. Fue arrestado en noviembre de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde lo puso en libertad, sin que tuviera que pagar fianza.

El fraude a la Diputación tuvo un primer episodio el 26 de septiembre de 2019, cuando se realizó una transferencia no autorizada por una cuantía de 840.351,78 euros. Este monto pudo ser recuperado.

La instrucción se prolongó durante más de cinco años porque hubo que pedir informes periciales complejos que tardaron tiempo en ser remitidos al juzgado, según fuentes de la investigación.