El Ingreso Mínimo Vital supone una inversión en Ourense 39 millones de euros al año

La provincia de Ourense cuenta actualmente con 5.567 hogares en los que se recibe el Ingreso Mínimo Vital, con una cuantía media mensual de 537 euros y una inversión mensual de 3,3 millones de euros, lo que se traduce en 39,6 millones al año. En estas viviendas, habitan un total de 14.395 personas que se benefician, directa o indirectamente, de esta ayuda estatal destinada a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Así lo comunicó ayer la Delegación del Gobierno, que explicó que en el conjunto de los últimos cinco años llegó a 8.131 hogares y 20.109 personas, movilizando una cuantía de 135,7 millones de euros. Con estas cifras, Ourense es actualmente la segunda provincia gallega con menos beneficiados por esta ayuda.

La primera es Lugo, donde el Ingreso Mínimo Vital llegó a 5.059, con 13.915 personas beneficiarias con una cuantía media mensual de 514 euros con una inversión de 2,7 millones de euros. En el lado opuesto, se encuentra A Coruña, quien se erige como la provincia gallega con más beneficiados por esta ayuda.

En este territorio, el Ingreso Mínimo Vital supone un gasto mensual de 8,8 millones, una cuantía que alcanza a 16.118 hogares en los que viven 41.706 personas. También cuenta con la percepción media más alta, con 544 euros. Tras ella, se sitúa Pontevedra, con 13.431 hogares a los que llega este beneficio, aunque la media es la más baja de Galicia con 460 euros al mes, lo que supone una inversión cada mes de 6.5 millones de euros.

Conjunto de Galicia

En el conjunto de Galicia, el Ingreso Mínimo Vital protege actualmente a 40.175 hogares en los que residen 107.673 personas, lo que supone una inversión mensual de 21,3 millones de euros. Sin embargo, no todas las peticiones de acceso a esta ayuda se aceptan, tal y como demuestran las estadísticas. Los datos en Ourense arrojan que se aprueban en torno a una de cada tres.

Desde su implantación en 2020, en la provincia se presentaron 21.829 solicitudes, pero únicamente 8.138 han terminado con una resolución favorable. La radiografía con los datos del primer semestre del año muestra que la mayor dificultad que se encuentran los solicitantes en la provincia es la de superar el proceso de evaluación. Todo esto se traduce en que el porcentaje de expedientes rechazados o inadmitidos supera el 52%.