Juristas, entidades y partidos, en contra de la supresión de los juzgados de violencia de género en la provincia

La reciente reforma del mapa judicial incluida en el Real Decreto 422/2025 y en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha provocado un profundo rechazo en los partidos judiciales de la provincia.

La norma establece que, a partir del 1 de enero de 2026, los juzgados de Bande, Celanova, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia dejarán de instruir casos de violencia de género, que se “comarcalizarán” —centralizarán— exclusivamente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ourense. Los tribunales de O Barco y Trives, por su parte, quedan fuera y mantendrán su jurisdicción en materia de VioGén.

Si bien el Gobierno justifica este cambio por “razones de eficiencia y especialización”, argumentando que un único órgano, reforzado con nuevo personal, permitirá ofrecer una respuesta más técnica y homogénea, los juristas y entidades sociales advierten de que esta reorganización alejará la justicia de las víctimas, obligando a muchas mujeres del rural a desplazarse hasta 100 kilómetros para declarar o recibir asistencia jurídica.

Concentración en Verín

El partido judicial de Verín ha sido el que ha más visibilizado su oposición. El pasado 29 de octubre, los juristas se concentraron ante el juzgado de la villa, alertaron de que esta reforma supone “unha discriminación para as vítimas do rural”, y recordaron que este año el juzgado verinense ha tramitado más de 80 causas por violencia de género.

Un centenar de personas protagonizó este martes una nueva concentración en la Praza do Concello impulsada por los procuradores, a la que se sumaron los concellos del partido judicial, Femuro, Portas Abertas, los Centros de Información á Muller (CIM) de Verín y de Riós, la asociación de mujeres de A Gudiña y A Mezquita y la CIG.

Bajo el lema, “Dereitos iguais en vilas e cidades”, los abogados predijeron un “colapso” de la atención jurídica en Ourense, denunciaron la “contradicción” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y avanzaron el “deterioro do dereito de acceso á xustiza, un servizo fundamental”, dado que los responsables de la reforma, “non se puxeron na pel das vítimas”. Además, siguieron recabando firmas contra la supresión: en pocos días ya suman 2.000 adhesiones.

Desde el CIM de la Mancomunidad de Verín, que atiende unos 90 casos relacionados directamente con algún tipo de violencia de género, profesionales y usuarias se muestran “incrédulas” ante un cambio para el que “non temos protocolos nin recursos, e que provocará que as vítimas e os seus fillos queden máis desprotexidas en momentos de aínda máis vulnerabilidade”.

“Xustiza máis próxima”

En el resto de comarcas, las reacciones son similares. La concelleira de Igualdad en Ribadavia, Clara Loeda, expresó su “profunda preocupación” por la centralización: “A violencia de xénero esixe unha resposta rápida e próxima, e os xulgados dos partidos xudiciais foron ata agora clave para garantir esa xustiza de proximidade. Moitas mulleres non poden desprazarse a Ourense para denunciar, pedir protección ou realizar calquera trámite. Esta barreira xeográfica e económica pode desincentivar a denuncia e supón unha evidente revictimización”.

Por su parte, la presidenta de la asociación de mujeres rurales Nosa Señora do Portal de Ribadavia, María Martínez Abal, expresó su disconformidad porque “lo que necesitamos en los ayuntamientos pequeños es más servicios, no que nos quiten los que ya tenemos”.

En A Limia, la pérdida de competencias preocupa a entidades sociales como el CIM, que lamenta la situación, pues un servicio especializado, de calidad y cercanía es fundamental para tratar estos casos, que frecuentemente afectan a víctimas con pocos recursos y en situaciones difíciles que les imposibilitan desplazarse con frecuencia. Por todo ello, destacan la necesidad de conservar las competencias y mejorar la prestación actual.

El PP visibiliza en Carballiño su rechazo a la supresión de competencias

La diputada provincial de Igualdad, Teresa Barge; la portavoz del Grupo Provincial del PP, Patricia Torres; la vicesecretaria de Igualdad del PPdeOU, Elena Freijedo; el teniente de alcalde de Carballiño, José Castro, y la concejala Lorena Castro, entre otros representantes populares de la comarca, dieron a conocer este martes ante al juzgado carballiñés una moción que llevarán al próximo pleno de la Dipputación en oposición a la entrada en vigor del Real Decreto 422/2025 que centralizará todos los casos de violencia de género en la capital provincial.

La iniciativa popular recoge que la lucha contra la violencia de género es una “prioridade social e institucional ineludible, e un dos seus piares fundamentais, como tamén garantir un acceso rápido, próximo e eficaz das vítimas á xustiza”. Por ello, “aínda que outros partidos queren levar a bandeira do feminismo, desde o PPdeOU imos a seguir estando ao carón das mulleres, das vítimas de violencia de xénero, e imos loitar para que o Goberno de Sánchez suprima esta medida”, reivindicó Elena Freijedo.

El PP también manifestó su “apoio institucional” al recurso contencioso-administrativo que interpuso el Colegio de la Abogacía de Ourense ante el Tribunal Supremo contra este decreto, y que denegó la cautelar. Por su parte, los ediles populares de Carballiño se sumaron a esta reivindicación que materializarán a través de una moción que llevarán al próximo pleno municipal esperando que sea “apoyada por toda la corporación”, dijo Lorena Castro