La provincia de Ourense, en la cola de España en la inversión en obra pública

El mapa de la inversión en infraestructuras en España deja a la provincia de Ourense en una situación de parálisis casi absoluta durante el arranque de 2026. Los datos oficiales publicados esta misma semana por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), correspondientes al primer semestre del año, certifican que es la segunda provincia del país con menor volumen de licitación pública.

De los 52 territorios fiscalizados a nivel nacional, Ourense ocupa el puesto 50, habiendo sumado únicamente 35,01 millones de euros en adjudicaciones procedentes del Estado, la autonomía y las administraciones locales. En la Península, solamente Segovia registra una cifra inferior (32,58 millones). La provincia queda descolgada del volumen de inversión de territorios con un peso similar.

Fractura en Galicia

El análisis territorial de Seopan evidencia, además, una fractura radical dentro de la propia comunidad autónoma, donde Ourense asume en solitario el declive. Mientras el conjunto gallego se beneficia de un fuerte impulso inversor, la provincia ourensana sufre un desplome interanual del 45,3% respecto a los 64,09 millones que había licitado en el primer semestre de 2025.

En contraste, Pontevedra ha disparado su obra pública un 88,2% hasta alcanzar los 421,93 millones, y A Coruña lidera las cifras absolutas de la comunidad con 406,80 millones (+5,7%). El salto más extraordinario se produce en Lugo, que experimenta un crecimiento del 205,6%, pasando de 74 millones en 2025 a los actuales 226,92 millones.

Este diagnóstico coincide con la radiografía elaborada por la Federación Gallega de la Construcción. Aunque existe una leve variación en los importes absolutos debido a diferencias metodológicas —Seopan excluye contratos menores—, la magnitud de la caída es idéntica. Según la patronal de la construcción, el volumen licitado en Ourense descendió de 89,23 a 47,43 millones de euros, consolidando un hundimiento del 46,85%.

El desglose por administraciones ilustra una bajada generalizada: la obra pública de la Xunta en la provincia se redujo un 69,44%, pasando de 30,44 a 9,30 millones de euros, mientras que el Estado recortó su inversión un 34,99% y los concellos un 5,15%.

CEO y constructores reclaman un plan inversor: “Esto debe cambiar”

El descalabro inversor en el primer semestre ha llevado a la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y a la Asociación de Constructores de Ourense (ACO) a reclamar medidas urgentes. Según expusieron ayer en un comunicado conjunto, lo hacen desde “una posición de responsabilidad institucional y de plena disposición al diálogo”. Las empresas asumen que la obra pública no tiene “un comportamiento lineal” y que depende de grandes proyectos, pero advierten de que “la reiteración y magnitud de estas diferencias obligan a realizar una reflexión profunda sobre la posición de Ourense” en el reparto.

Los representantes del sector aseguran querer evitar el agravio territorial. “No se trata de establecer comparaciones entre provincias ni de cuestionar las inversiones que se ejecutan en otros territorios”, sostienen. Argumentan que su petición pasa por “defender que Ourense disponga de un nivel de inversión acorde a sus necesidades, su extensión territorial y los retos que afronta”. Para la patronal, la premisa es que la provincia “necesita recuperar peso en la inversión pública y situarse en condiciones de equilibrio” respecto al resto del mapa gallego.

Las demandas de los empresarios se dirigen de forma transversal a todas las instituciones, citando expresamente a “Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos”. A todos ellos les instan a que “establezcan una planificación plurianual de inversiones para Ourense”. El sector constructor reclama que la inversión se traduzca en “proyectos maduros, plazos definidos y dotación presupuestaria suficiente” y alerta de que la caída de la licitación amenaza su viabilidad.

Los empresarios inciden en que cuentan con “empresas solventes, profesionales cualificados y capacidad para ejecutar proyectos”, pero advierten de que les resulta “imprescindible disponer de una cartera estable de actuaciones que permita planificar recursos, mantener empleo y garantizar la continuidad del tejido empresarial”.

La CEO y la ACO recalcan en su escrito que este frenazo inversor afecta al desarrollo general de la provincia. “La inversión pública no solo permite mejorar carreteras, equipamientos, redes hidráulicas, centros educativos, sanitarios o viviendas”, exponen. El sector subraya que inyectar capital en la obra pública “genera empleo, impulsa la actividad de las empresas locales, favorece la fijación de población y contribuye a mejorar la competitividad y la cohesión territorial”.

El comunicado finaliza con una apelación directa a los políticos: “La situación debe cambiar”.