AMENAZAS DE MUERTE
El “okupa del azadón”: a juicio por sembrar el terror en Rairiz de Veiga
AMENAZAS DE MUERTE
La espiral de coacciones, daños y miedo que durante meses mantuvo en vilo a los vecinos de dos pequeñas localidades de Rairiz de Veiga llega al juzgado con una de sus derivadas. El próximo 29 de abril se sentará en el banquillo Felipe C.F., el hombre señalado por los residentes como el okupa responsable de instaurar un auténtico clima de terror en las aldeas de Celme y Forxás. La Fiscalía solicita para él una pena de dos años de prisión como culminación de una escalada de agresividad que alcanzó su punto crítico el pasado verano.
Los vecinos llevaban tiempo denunciando una situación insostenible. Los habitantes vivían amedrentados ante la presencia del inculpado, a quien acusaban de pasearse armado con barras de hierro o hachas, de encararse con quienes transitaban por el pueblo y de provocar daños en propiedades, viviendas y maquinaria agrícola. Ese clima de inseguridad latente estalló de forma violenta a finales de julio de 2025.
Los hechos por los que ahora será juzgado ocurrieron el 30 de julio de 2025, a las 20,00 horas. Según se desprende del escrito de calificación del Ministerio Público, el acusado acudió a las inmediaciones de la casa de José M.F. Lo hizo empuñando un azadón y con la clara intención de amedrentarlo, destaca la fiscal.
La tensión escaló rápidamente cuando el inculpado, según el denunciante, alzó la herramienta agrícola e intentó alcanzar físicamente, todo ello mitras vociferaba repetidamente que lo iba a matar. La inminencia de la agresión obligó a la víctima a buscar refugio en el interior de su domicilio. Frustrado por no haber alcanzado su objetivo, el agresor, según se recoge en la denuncia, comenzó a golpear violentamente la puerta metálica de la vivienda con el azadón, provocando diversos desperfectos que han sido tasados pericialmente en 102,85 euros. Durante el ataque a la fachada, no dejó de gritar y de reiterar su deseo de acabar con la vida de su vecino, tal como confesó este último a la Guardia Civil.
En el momento en el que el acusado perpetró el ataque, se encontraba eludiendo una medida penal en vigor. Según relata la fiscal, Felipe era plenamente consciente de que debía estar cumpliendo una pena de 130 días de localización permanente (arresto domiciliario) en su residencia habitual, situada en la propia aldea de Celme. Esta privación de libertad le había sido impuesta tras haber impagado una multa de 1.560 euros, derivada de una condena previa por un delito leve de lesiones dictada por el Juzgado de Instrucción de Xinzo de Limia en enero de 2024. Guiado por la voluntad expresa de incumplir esta resolución, el acusado abandonó voluntariamente su domicilio aquel 30 de julio para dirigirse a la casa de José.
La gravedad del altercado y la reincidencia en la actitud del ‘okupa’ motivaron una respuesta judicial contundente. El 1 de agosto de 2025, apenas dos días después del ataque, el Juzgado de Xinzo de Limia decretó el ingreso en prisión provisional del acusado, situación en la que permanece a día de hoy a la espera de la vista oral en el Penal 2. Ese mismo día, se dictó una orden de protección que le prohíbe aproximarse a menos de 400 metros de Manuel M.F. o de cualquier lugar que esta frecuente.
Por todos estos hechos, la Fiscalía acusa a Felipe Castro Ferreiro de un delito de quebrantamiento de condena en concurso medial con un delito de amenazas no condicionales. El Ministerio Público solicita que se le imponga una condena de dos años de prisión, además de mantener la prohibición de acercarse o comunicarse con José durante un periodo de cinco años. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a la víctima con los 102,85 euros correspondientes a los daños causados en la puerta de la vivienda.
El acusado aseguró ayer con vehemencia, en la vista preliminar en la que rechazó un acuerdo con las acusaciones, que no quería ser reconocido por un forense tal como pidió la acusación particular, adhiriéndose su abogada. “No estoy de acuerdo”, aseguró desde la cárcel de Pereiro, por lo que la jueza descartó esa pericial.
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