El Gobierno prohibirá fumar y vapear a menores y extiende la restricción a estas nuevas zonas
ANTEPROYECTO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Tabaco, que por primera vez veta el consumo —no solo la venta— a menores, prohíbe fumar en terrazas, recintos deportivos, parques infantiles o vehículos de transporte y amplía las restricciones de publicidad.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley del Tabaco, una reforma que introduce nuevas limitaciones al consumo, venta y promoción de estos productos y sus derivados, con el objetivo de reforzar la protección de la infancia y avanzar hacia una sociedad libre de humo.
Hasta ahora, la legislación únicamente prohibía la venta o entrega de tabaco a menores, pero no su consumo. Con la nueva norma, se prohíbe expresamente fumar o vapear a menores de edad, incluyendo no solo el tabaco convencional, sino también los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), las bolsitas de nicotina oral, las shishas y los dispositivos de tabaco calentado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa como una respuesta a una “mayoría social que quiere respirar aire limpio” y que reclama espacios libres de humo.
El anteproyecto amplía de forma significativa los espacios sin tabaco. Entre ellos, las terrazas de bares y restaurantes, los recintos de espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, centros educativos, estaciones de transporte y vehículos con conductor. Además, será obligatoria la señalización visible en todos estos espacios.
En paralelo, se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para los jóvenes.
La ley también endurece la regulación publicitaria, vetando toda forma de promoción, patrocinio o comunicación comercial en medios impresos, digitales, audiovisuales, redes sociales, mobiliario urbano o equipamientos de ocio.
En cuanto a sanciones, se refuerza el régimen sancionador con multas que podrán alcanzar los 600.000 euros en casos graves. Asimismo, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, eliminado en 2014, para coordinar políticas públicas en esta materia.
El texto establece un periodo transitorio de 12 meses para que fabricantes y distribuidores se adapten al nuevo marco legal y liquiden existencias de productos afectados.
Finalmente, el Gobierno ha decidido no incluir por ahora el empaquetado genérico, que Sanidad defendía como una medida eficaz contra el atractivo publicitario del tabaco. La falta de acuerdo dentro del Ejecutivo ha pospuesto su aplicación, aunque no se descarta que pueda retomarse en la tramitación parlamentaria.
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