ESPAÑA EN EL PUESTO 29
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177 VOTOS EN CONTRA
El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la reforma del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución, superando así su primer trámite con 177 votos en contra y 171 a favor. La iniciativa plantea añadir un apartado al artículo 43 para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio y evitar “posibles retrocesos”, en un contexto de debate político muy polarizado.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la propuesta apelando al “diálogo” y a un “debate riguroso y honesto”, reivindicando el papel del Parlamento como espacio para confrontar ideas. Subrayó que “ninguna mujer debería verse obligada” a desplazarse fuera de su comunidad o incluso al extranjero para abortar y insistió en que permitir la tramitación no es un gesto partidista, sino un acto de “lealtad democrática”. También pidió al PP abandonar su “incomodidad” y volver a la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde el PP, la diputada Silvia Franco criticó duramente la reforma, calificándola de “desacertada”, “error político y jurídico” y “un instrumento para la supervivencia política” del Gobierno. Denunció que se trata de “un triple fraude, a la Constitución, a las mujeres y a los españoles”, y acusó al Ejecutivo de utilizar un “atajo” para modificar la Carta Magna. Además, defendió que el aborto “está garantizado” en España y pidió al Gobierno que deje “de meter miedo” a las mujeres.
Por su parte, el portavoz de Vox, Joaquín Robles, definió la iniciativa como “propagandística” y denunció un “debate artificioso” con fines electorales. Cuestionó el procedimiento elegido para la reforma constitucional y advirtió de posibles choques con derechos fundamentales como el derecho a la vida. También acusó al Ejecutivo de usar este debate para ocultar su “ineficacia” y su “escandalosa corrupción”, criticando que no se prioricen otras políticas en materia de seguridad o protección de las mujeres.
En nombre del PSOE, Cristina Narbona replicó a la oposición asegurando que “quien mete miedo a las mujeres” es el PP, en referencia a declaraciones sobre el aborto en otras comunidades. Defendió la necesidad de avanzar en derechos y llamó a trabajar “juntos” para reforzar la libertad y la igualdad, subrayando que la reforma busca consolidar garantías ya existentes.
El Ejecutivo sostiene que incluir el aborto en la Constitución reforzará la seguridad jurídica y evitará que futuros cambios políticos puedan limitar este derecho, a pesar de que se antoja algo complicado, ya que necesitan el apoyo de dos tercios de la cámara para llevarla a cabo. Redondo reiteró que el objetivo es garantizar el acceso efectivo en todo el país y corregir desigualdades territoriales.
Tras este primer paso, la reforma continuará su tramitación parlamentaria, donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales y seguir debatiendo el contenido. La ajustada votación evidencia la división entre bloques y anticipa un proceso legislativo complejo en torno a una de las cuestiones más sensibles del debate político actual.
En el turno de fijación de posiciones, Sumar, a través de Verónica Martínez, defendió que el aborto “no está garantizado” en España y denunció la existencia de “barreras” administrativas y territoriales, apelando a la “valentía” para avanzar en derechos y no permitir retrocesos.
Desde Junts, Pilar Calvo rechazó la propuesta del Gobierno al considerar que “no tiene ningún recorrido” y que responde a “un nuevo espectáculo electoralista”, criticando la intención del Ejecutivo. En una línea más favorable al derecho, ERC, con Pilar Vallugera, expresó su “apoyo absoluto” al aborto, aunque advirtió al Gobierno de que “lo han encarado mal” si realmente quiere sacar adelante el debate.
La líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió de que el aborto ya cuenta con “protección reforzada” y que la reforma podría hacerlo “más vulnerable” ante recortes de la derecha. Por su parte, el PNV, a través de Maribel Vaquero, mostró “dudas” y apuntó a un posible “oportunismo político”. El BNG, con Néstor Rego, expresó “cierto escepticismo” sobre el impacto real del blindaje constitucional, al considerarlo más “teórico” que práctico, mientras que UPN, representado por Alberto Catalán, calificó el debate de “falso” y cuestionó el instrumento utilizado.
Desde Compromís, Àgueda Micó alertó de que los derechos que no se blindan se “cuestionan”, se “debilitan” y pueden llegar a perderse si no hay respuesta política y social.
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