Europa impulsa la banca proactiva y el intercambio de datos en tiempo real

Bruselas está a punto de aprobar la nueva Directiva de Servicios de Pago PSD3, cuyo objetivo principal es proteger a los usuarios y reforzar las medidas de prevención frente al fraude online.

Esta nueva normativa introduce tres pilares fundamentales: en primer lugar, amplía los derechos de reembolso para las víctimas de fraude, permitiendo a los consumidores recuperar su dinero en más supuestos, como en casos de suplantación de identidad o transferencias erróneas. Para acceder a este reembolso, no será necesario demostrar que el cliente no actuó con negligencia grave, siempre que se haya presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes.

En segundo lugar, PSD3 fomentará el intercambio de información en tiempo real entre entidades financieras, mediante la creación de redes seguras que permitan a bancos y proveedores de servicios de pago compartir datos sobre patrones de fraude de manera instantánea. Esto permitirá detectar y frenar campañas maliciosas coordinadas con mayor rapidez y eficacia.

El tercer pilar consiste en una responsabilidad reforzada para los bancos, que estarán obligados a adoptar protocolos más sólidos de prevención del fraude, basados en estándares de diligencia y supervisión activa. En el caso de España, esta nueva regulación se alinea con la jurisprudencia nacional, que ya establece que la carga de la prueba en casos de fraude recae sobre la entidad bancaria, la cual debe demostrar que existió una negligencia grave por parte del cliente. Esta negligencia, sin embargo, no se considera cuando el usuario ha sido víctima de un engaño por parte de delincuentes profesionales.

Para los consumidores, PSD3 implica una mayor protección, ya que se amplían y simplifican los derechos de reembolso en casos de suplantación o errores técnicos en los pagos. Para las entidades financieras, supone la obligación de ser más proactivas, reforzando sus sistemas de detección de fraude, compartiendo información en tiempo real y actuando con mayor diligencia ante cualquier alerta. En conjunto, estas medidas promoverán una mayor transparencia y confianza en el sistema financiero digital.

En cuanto a su impacto en España, la directiva viene a reforzar una tendencia ya existente en muchas Audiencias provinciales, que se posicionan a favor del consumidor en casos de fraude bancario. Con PSD3, esta protección se consolidará en un marco normativo europeo uniforme que obligará a todos los Estados miembros a elevar sus estándares de seguridad y defensa del usuario. La directiva será próximamente debatida en el Consejo y el Parlamento Europeo, y su transposición será obligatoria.