El Gobierno prevé aprobar este martes la regularización de 500.000 migrantes

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró ayer que el Gobierno seguía trabajando “en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros”, con la idea de que la medida pueda aprobarse en la reunión de hoy.

El real decreto estaba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. La iniciativa retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos menos Vox, aunque ha permanecido bloqueada.

El procedimiento permitirá que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio, con un plazo de tramitación máximo de tres meses y la posibilidad de empezar a trabajar desde la admisión a trámite de la solicitud, que no debería superar los 15 días. La autorización que se conceda será de residencia con permiso de trabajo válido en todo el territorio nacional y para cualquier sector de actividad. Además, el proceso permitirá la incorporación de menores a cargo dentro de la misma regularización en los casos previstos por la norma.

El PP y Vox, juntos contra una medida que ven ilegal

El PP y Vox anunciaron una fuerte ofensiva política y judicial cuando se apruebe la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, advirtió que utilizarán “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos” para intentar frenar la medida.

Además, criticó que el Gobierno impulse el decreto sin consenso parlamentario, cuestiona la falta de datos claros sobre el número de beneficiarios y su procedencia, y sostiene que el Ejecutivo no respondió a las alegaciones presentadas por comunidades del PP. También alertó del posible impacto administrativo y social del proceso y considera que la regularización “premia” la situación irregular.

Por su parte, Vox confirmó que acudirá al Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto. Su secretario general, Ignacio Garriga, calificó la medida como una “legalización de la invasión migratoria” y acusó al Gobierno de enviar un mensaje que incentiva la llegada irregular. El partido sostiene que la política migratoria debería centrarse en frenar las salidas en origen, reforzar la cooperación con países de procedencia y limitar el acceso a ayudas sociales de quienes no hayan contribuido previamente.